Durante los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria, la diputada Maribel Ramírez Topete presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, con la finalidad de elevar los estándares de elegibilidad para puestos del servicio público estatal y municipal, haciendo prevalecer la protección de las mujeres ante cualquier tipo y modalidad de violencia hacia ellas.

En el uso de la voz, la presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género de la LXVI Legislatura reconoció que la violencia contra las mujeres puede ser ejercida también por funcionarios al servicio público y/o autoridades con responsabilidades políticas y legales, "de ahí la importancia de legislar de manera específica robusteciendo la normativa en cuanto a los requisitos a cumplir por los aspirantes a un cargo público", añade.

Para tal fin, la propuesta prevé retomar la iniciativa "3 de 3 contra la violencia" implementada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2020, la cual consiste en que las y los aspirantes a una candidatura no cuenten con supuestos de condena o sanción por violencia familiar y/o doméstica, violencia sexual, o por incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Destacó que no ha sido fácil el camino para que las mujeres ganen espacios de decisión en igualdad sustantiva; sin embargo, agregó, "mucha de esta labor se ha realizado por grandes feministas, una de ellas la Yndira Sandoval, quien es inspiración para replicar esta iniciativa que constituye un avance fundamental y significativo en los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género".

De esta forma, señaló la Diputada, "es impostergable que quienes se encuentran al servicio público en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los Organismos Autónomos del Estado y las administraciones municipales, no cuenten con condenas de violencia de género en cualquiera de sus tipos y modalidades".

Lo requisitos de elegibilidad propuestos en la iniciativa –expresó- deben extenderse al servicio público toda vez que está relacionado con el modo honesto de vivir y desenvolverse al servicio de ciudadanía. "Elevar los estándares de ética y responsabilidad pública, así como la generación de criterios de exigencia ciudadana hacia las autoridades, fortalece la cultura democrática".

En este sentido, indicó que para garantizar la eficacia de la propuesta, las instancias encargadas de registrar las candidaturas, designación, nombramiento y reclutamiento de las y los servidores públicos a cualquier cargo o puesto público, deben allegarse de información que genere suficiente convicción, a fin de avalar que las y los aspirantes cumplan con los requisitos de elegibilidad para los puestos de elección popular, procesos de selección, ingreso, reingreso, reincorporación, promoción, ascenso y designación de servidores públicos.

"En una verdadera democracia, no basta con ser un funcionario eficiente, sí se es acosador sexual; no basta ser un servidor público destacado, sí se es agresor por razones de género; no basta ser un legislador, un juez, un alcalde o un magistrado honrado y sin vínculos de corrupción, sí se es deudor de pensión alimenticia, pues ante esto último, debe protegerse el interés superior de las y los menores", puntualizó.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género. Se adhirieron el Grupo Legislativo de Morena, así como las diputadas Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre y Nora Jéssica Lagunes Jáuregui y el legislador Othón Hernández Candanedo.