Algo raro está está pasando durante la gestión de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, quien está al frente del Poder Judicial, y de Joana Bautista Flores al frente de la Dirección de Administración del Consejo de la Judicatura, y es que se estarían pagando grandes cantidades de dinero en obras que al parecer no están bien hechas o están inconclusas. 

De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2021, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior, la construcción, conservación y mantenimiento de las ciudades judiciales de Medellín, Papantla, Tuxpan, Martínez de la Torre por parte de una asociación público-privada, contratada bajo la gestión de Edel Álvarez Peña, ha traído diversas irregularidades. 

Por tal razón, se observó e incluso cuestionó que el Poder Judicial, ahora bajo la gestión de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, no haya hecho valer las cláusulas para exigir a la empresa contratista cumplir con las obras en tiempo y forma, y por el contrario continúe pagándole cantidades nada menores. 

En términos generales, las ciudades judiciales de Medellín, Papantla, Tuxpan y Martínez de la Torre, coinciden en que hubo áreas que no se construyeron conforme a la maqueta, los climas gotean, existen filtraciones y goteras en todos los edificios, se rompen las ventanas con las tormentas y los espacios son más pequeños de lo previsto. 

A pesar de ello, el Poder Judicial cumple puntualmente con pagarle a la asociación público-privada creada desde el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares y con el aval de Edel Álvarez Peña al frente del Poder Judicial. 

Se trata convenios que obligan al Poder Judicial a pagar por la ciudad judicial de Martínez de la Torre un monto de 50 millones 976 mil 501 pesos, lo mismo que para la de Papantla. 

En el caso de las ciudades judiciales de Medellín y Tuxpan el costo por construcción, conservación y mantenimiento fue de 94 millones 709 mil 825 pesos cada una.