Desde las mismas entrañas del poder en Veracruz se manejan diversas versiones con respecto al ya manoseado tema de la Cuenta Pública 2021. 

Pero hay una que brotó directamente desde la Huasteca veracruzana que al parecer sostiene a las demás y rompió los nervios entre los integrantes de la Comisión Legislativa de Vigilancia y el ORFIS. 

Se trata del daño patrimonial por 252 millones de pesos observados sin poder justificar por el Ayuntamiento de Tantoyuca. 

Se asegura que desde ahí se han enderezado toda clase de ataques mediáticos al Órgano de Fiscalización Superior y en particular a la auditora Delia González Cobos. 

Tan caliente ha estado el tema que la próxima semana en el Congreso del Estado se votará a favor de una revisión exhaustiva a la Cuenta Pública en cuestión, lo que aseguran tendrá un costo de 8 millones de pesos, que viéndolo bien los vale, sobre todo en aras de la transparencia y rendición de cuentas. 

Claro, lo anterior siempre y cuando los pague quien empezó todo el borlote y los malos desencuentros, como dicen los abogados que la revisión sea a su costo. 

Y es que en los pasillos del Palacio Legislativo veracruzano se menciona a la diputada local Nora Jéssica Lagunes Torres como quién atizó la lumbre al tema, con una supuesta petición de que se le quitara el daño patrimonial detectado a Tantoyuca. 

Hasta Política al Día ha llegado información de que en la Comisión de Vigilancia del Congreso extrañó mucho el por qué a Tantoyuca se la había observado con presunto daño patrimonial el 100% de la obra pública reportada como realizada. 

A lo anterior, se dio a conocer a Política al Día que la Auditora Superior de Veracruz Delia González Cobos, explicó que dicho ayuntamiento no había entregado la información que por Ley debía, ni prueba documental alguna que acreditara la aplicación correcta de los recursos devengados en cada una de las obras que se dijo se construyeron en el año supervisado. 

Fuentes dijeron además a Política al Día que la representante del ORFIS informó a la Comisión de Vigilancia que en su momento el personal del Órgano de Fiscalización Superior notificó sobre la auditoría que iba a realizar, pero no hubo respuesta por parte del ayuntamiento de Tantoyuca; posteriormente le hicieron los requerimientos de apremió y tampoco respondieron, e inclusive se les aplicaron las multas económicas correspondientes, sin que el Ayuntamiento hiciera caso alguno. 

La excusa desde Tantoyuca, fue que la Auditoría Superior de la Federación también le estaba practicando una auditoría. 

Así que es justo que esos 8 millones que se estima cueste la revisión extraordinaria sea cubierta por el Ayuntamiento de Tantoyuca y sus padrinos legisladores y no el pueblo de Veracruz.