Aunque con una inexactitud en el articulado al que hace referencia (pues en diciembre del 2017 se modificó la numeración), el exgobernador Javier Duarte de Ochoa salió a los medios de comunicación a explicar su actual situación jurídica.

Como en este mismo espacio se ha explicado, por su carácter de “primo-delincuente” (esto es, que por primera ocasión comete un delito), Javier Duarte tiene derecho a gestionar su preliberación por la sentencia que actualmente cumple en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, pues ya cumplió más del 50% de la misma.

Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz le inició una nueva carpeta de investigación, por su presunta participación –de forma indirecta- en la comisión del delito de desaparición forzada.

La actual Fiscalía de Veracruz le dio seguimiento a esa carpeta de investigación iniciada por el anterior titular, Jorge Winckler Ortiz (hoy recluido en Almoloya de Juárez) y pretende aplicar al exgobernador lo considerado en el artículo 318 Sexies, que establece: “se sancionará, a quien sin ser autor o partícipe, incurra en alguna de las conductas relacionadas con este delito, conforme a lo siguiente: I. Ayude a eludir la aplicación de la justicia o a entorpecer la investigación de cualquiera de los delitos de desaparición forzada de persona o su equiparado, con pena de cinco a diez años de prisión y multa de doscientos a mil días de salario”.

Javier Duarte explica que todos aquellos que fueron acusados de participar en la desaparición forzada de un elemento de la policía estatal, hoy gozan de libertad, por lo que la acusación en su contra deberá seguir el mismo destino.

Se refirió específicamente al exfiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, a la exdirectora de Investigaciones Ministeriales, Rosario Zamora, y al exdirector de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza.

En efecto, Duarte de Ochoa admite que la Fiscalía presentó más de 50 elementos de prueba para conseguir su vinculación a proceso, pero advirtió que en sólo dos de ellas se le señala a él, y una fue desestimada en la propia audiencia por el juez de control.

Se trata del señalamiento del exdirector de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, pues quedó demostrado –y para ello hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz- que dicha imputación fue obtenida mediante tortura.

Mismo caso, dijo, el del exdirector de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien también declaró que la declaración en contra del exgobernador le fue sacada mediante tortura.

Para Javier Duarte es muy importante recalcar que no fue señalado de incurrir en el delito de desaparición forzada de personas (“incluso durante la audiencia le pregunté de manera directa a la Fiscal si se me señalaba de haber cometido ese delito, y ella respondió claramente que no”) y para reafirmarlo explica que el juez de control le dictó como medida cautelar “prisión preventiva justificada”, cuando –de haber sido señalado de desaparición forzada- le habrían impuesto prisión preventiva oficiosa.

Para entender la postura de los actuales mandos en la Fiscalía de Veracruz, Javier Duarte advirtió que su pretensión es retrasar su liberación, y para ello se respaldan en una “chicanada jurídica” que terminará por ser rechazada en otras instancias judiciales.

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(DE LA COLUMNA "PUNTO DE VISTA")