La diputada Maribel Ramírez Topete presentó ante el Pleno de la LXVI Legislatura una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 726 del Código Civil del estado, a fin de que sea requisito para contraer matrimonio presentar una constancia de no estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios.

En el uso de la palabra durante la Decimosegunda Sesión Ordinaria, la legisladora proponente indicó que su iniciativa se suma a la propuesta de reforma, presentada a esta Soberanía en marzo de 2022, para crear el Registro de Deudores Alimentarios en Veracruz, con el objeto de inhibir la falta de cumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias.

En este nuevo planteamiento, explicó la también Presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, se prevé que progenitores o adoptantes acrediten estar al corriente de deudas alimentarias, y así dar trámite a la solicitud que realicen quienes pretendan llevar a cabo su unión civil ante la autoridad competente.

Esta propuesta, añadió, busca poner en marcha mecanismos de protección para salvaguardar los intereses de la familia en materia de alimentos, toda vez que, dijo, la omisión de proporcionarlos actualiza tipos y modalidades de la violencia como la patrimonial y económica. Estas reformas, subrayó, pretenden proteger el interés superior de la niñez y los derechos fundamentales de los menores.

A partir de cifras obtenidas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en cuanto a la asignación de pensión alimenticia a menores tras un divorcio, Ramírez Topete consideró necesario reforzar la regulación en la materia cuando no existe la corresponsabilidad en el cumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos y contribuir a la manutención y desarrollo de las hijas e hijos.

"Es necesario fortalecer y dar protección a las infancias y a su sano desarrollo, llevando de la mano la erradicación de la violencia de género contra las mujeres", concluyó.

A la iniciativa se adhirieron las legisladoras integrantes del partido Verde Ecologista de México (PVEM), Citlali Medellín Careaga y Tania María Cruz Mejía, así como las diputadas Nora Jéssica Lagunes Jáuregui y Verónica Pulido Herrera (PAN), Ruth Callejas

Roldán (MC) y Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre (PRI), además de los diputados Othón Hernández Candanedo y Hugo González Saavedra (PAN); y fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.