Esta mañana en los cafés políticos, los partidos y la sucesión gubernamental quedaron atrás y el tema que circuló entre las mesas que ocupan los sabios bebedores del mejor aromático del mundo fue el de la detención de parte de las autoridades de varios choferes que trabajan honestamente a través de la plataforma de Úber. 

Comentaron que el derecho al trabajo es un principio Constitucional y si las personas que prestan servicio a través de la plataforma digital Úber, están inscritas en el SAT, pagan sus impuestos y están debidamente acreditados en la plataforma, no deberían tener problemas. 

El tema es molesto para la sociedad y los veracruzanos. 

El gremio, no precisamente de choferes taxistas, parece quedar sofocado por quienes se han apropiado de muchas concesiones gracias a anteriores gobernadores que les permitieron ejercer una forma de monopolio porque eran útiles al sistema para la promoción, acarreo y acompañamiento en eventos políticos con los que lograban mantenerse en el poder y porque muchos políticos se adueñaban de las concesiones. 

No hay que ir muy lejos, hay en la actualidad viejos políticos que tienen flotillas hasta de 20 y 50 concesiones de taxis. 

Urge poner orden en ese tema… es la exigencia de la sociedad, pues está visto que el servicio de Úber tiene ventajas que los usuarios buscan. Es más limpio, de mejor trato, usan unidades recientes, pero, sobre todo, es más seguro en estos tiempos en que la inseguridad se ha disparado. 

Además, como lo afirma el abogado Reyes Peralta, el servicio de Úber no es un servicio público de transporte; es un servicio privado, como una membresía, un club, y que finalmente está como en el limbo jurídico, porque en realidad no hay legislación al respecto. 

Así que los canillazos de hoy se los han ganado a pulso las autoridades de la 4T locales que ceden ante los privilegios monopólicos de propietarios de taxis.