Los que han aplaudido que México, Estados Unidos y Canadá, firmaran el acuerdo comercial T-MEC, quizá pensaron que todo sería luz y mieles para esos países; que todo serían beneficios para México y no habría inconvenientes de tipo político que atentaran contra la autonomía constitucional de cada uno de los tres países. 

Sin embargo, las relaciones de dinero y comerciales entre países han sido históricamente respaldadas con acciones de fuerza, de espionaje y en varias ocasiones de intervenciones en contra de quienes representan grandes inversiones y que incluso han llegado a romper los límites y financiar golpes de estado e insurrecciones populares. 

Y en eso, los Estados Unidos han sido especialistas. 

En el caso de México, los vientos ya empiezan a traer murmullos de que eso podría pasar. En los Estados Unidos se preparan para moverse en el Congreso y clasificar a los cárteles de la droga como organismos terroristas extranjeros, lo que daría a las autoridades judiciales de USA la facultad de ejecutar acciones directas en territorio nacional en contra de líderes y grupos criminales. 

La petición de que ello suceda no surgió de voces populares, sino de 21 fiscales norteamericanos, con el respaldo del Fiscal General Merrick Garland, quienes pidieron a Joe Biden realizar tal clasificación. 

Esa acción norteamericana ya empezó a permear en México de forma preocupante, quizá no por el objetivo de tal medida norteamericana, sino por lo que podría traer colateralmente para el país. 

El problema es que, enmascarado con tal medida, podrían ejecutarse otras acciones que atenten contra la soberanía nacional y nadie podría frenarlo ni evitarlo. 

El tema está ahí y en México no será posible soslayarlo y menos callarlo en los días por venir.