Ahora resulta que ni el propio presidente de la República sabe si el centro migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 38 personas migrantes, era vigilado por una empresa privada, propiedad del cónsul de Nicaragua en México, Elías Gerardo Valdés Cabrera. 

¿Es ilegal que una empresa privada sea contratada por el gobierno para dar una atención pública? ¡No! 

Lo que sí es extraño es que nadie sepa -ni el presidente de la República- a quién o qué empresa privada se contrata para suplir uno de los servicios públicos de tal sensibilidad política internacional. 

¡Imagínese! Si no lo sabe el presidente qué van a saber los ciudadanos comunes y corrientes. 

Y es que de lo que se habla, y no hay respuestas, es que presuntamente la empresa privada es propiedad del cónsul de Nicaragua en México, Elías Gerardo Valdés Cabrera. 

¿Es un delito que un cónsul extranjero en México sea propietario de una empresa que le da servicio al gobierno? ¡Tampoco! 

Entonces, ¿Por qué tanto misterio?

Claro, AMLO matizó su respuesta en la mañanera de hoy, pero de una manera muy desafortunada. Dijo que no hablaba del tema, porque “está abierta una investigación y no quiero dar a conocer datos o presuntos hechos, todo lo que está saliendo de las investigaciones, y que no se vaya a usar esto para los responsables pueda acudir a amparos y protegerse”. ¡Ahora resulta! 

Quizá lo que AMLO no midió es que con su evasiva respuesta le atizó a las dudas y a las malas interpretaciones. 

A ver en qué acaba todo este lío. 

¿Se imagina que efectivamente la empresa privada de la que se habla resulte ser efectivamente del cónsul de Nicaragua en México, y sobre todo que se haya contratado de manera irregular? ¡Vaya lío! 

Por lo que se ve, este tema podría seguir teniendo mucha cuerda, y en una de esas convertirse en la injusticia emblemática de este gobierno como lo fue Ayotzinapa para Peña Nieto o como la guardería ABC para Calderón. ¡Abusados!