Mucho se ha criticado la participación del Ejército y la Marina en labores propias y obligatorias del Poder Ejecutivo, sin embargo, en no pocos casos se ha demostrado que el nivel de descomposición de las estructuras gubernamentales era tal que obligaba jalar por las fuerzas armadas para poner orden. 

Es el caso de la entrada del Ejército y la Marina en uno de los principales focos rojos de la administración pública: las aduanas. 

Los resultados y evaluaciones oficiales en este sector tan importante para el país le han dado la razón al presidente AMLO, ya que desde la llegada del Ejército y la Marina a las aduanas, las denuncias por corrupción cayeron considerablemente. 

Hacienda reporta que en el 2023 no se registró ninguna denuncia ante el Ministerio Público o el Órgano Interno de Control por corrupción en contra servidores públicos y que en el 2022 apenas se registraron 44. 

En contraste, en el 2018, al final del gobierno de Peña Nieto, se reportaron, según Hacienda Federal, denuncias en contra de 270 servidores públicos aduaneros. 

Cierto que de otros espacios gubernamentales no hay datos blancos ni ha podido decir lo mismo el gobierno federal, pero para quienes conocen lo vital que significan las aduanas para importadores y exportadores, así como para el dañino contrabando, el control de la inflación y la Balanza de Pagos del país, se dan por bien servidos con la llegada de las fuerzas armadas a las aduanas del país.