Conforme avanza el proceso de revisión de la Cuenta Pública 2022, los titulares de los entes fiscalizables se ponen más nerviosos. Saben que cualquier pecado, por muy escondido que lo mantengan, será detectado por el personal del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

Es por ello por lo que muchos de los involucrados en estos menesteres prefieren tomar el camino equivocado, y lanzan campañas mediáticas para poner en duda la labor de los auditores.

Este lunes la auditora general, Delia González Cobos, anticipó que no caben pretextos para que los entes no entreguen en tiempo y forma sus informes. La cuestionaron de manera específica por el caso de Amatlán de los Reyes, cuyo palacio municipal tiene ya más de un mes tomado por ciudadanos que se oponen a la construcción de un centro de transferencia de residuos.

“Nosotros tenemos un periodo muy claro señalado en Ley y debemos ajustarnos a él”, aclaró la auditora general. “Nosotros no podemos detenernos porque un ente fiscalizable no atienda, así sea la razón más justificada”.

Como parte de esa campaña para cuestionar el desempeño del Orfis, se le ha atribuido a ese organismo la decisión de “conclusión y archivo” de los expedientes que se iniciaron por la compra de equipo de videovigilancia durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, así como la creación de Asociaciones Público-Privadas por parte del Poder Judicial del Estado, para construir Ciudades Judiciales.

Quienes señalan al Orfis por estas medidas, no se tomaron el tiempo para revisar el Decreto Número 552 por el que se aprobaron los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, ejercicio 2018.

En el Artículo Primero, fracción III, tercer párrafo y fracción IV inciso b) de dicho Decreto, el Congreso instruyó a la Contraloría General del Estado (no al Orfis) para que continuara con la investigación respectiva y promoviera “las acciones procedentes respecto de las Observaciones de carácter administrativo y Recomendaciones determinadas a la Secretaría de Seguridad Pública y las derivadas de la Revisión al Suministro e Instalación de las Cámaras que integran el Sistema Estatal de Videovigilancia 2017-2018, notificadas por el Orfis”.

Se instruyó también al Órgano Interno de Control para que hiciera lo propio, respecto de las Observaciones y Recomendaciones, derivadas de la auditoría de Legalidad a los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que integran el Sistema Estatal de Videovigilancia.

El Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente no lo emitió el Orfis, sino la Contraloría, y quien, en su caso, dejó prescribir las responsabilidades fue la Contraloría, a la que le correspondía su atención.

De hecho, en este caso el Orfis presentó denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción (expediente FED/FECC/FECC-VER/0000114/2019) por un presunto daño patrimonial superior a los mil millones de pesos, y ya una persona fue vinculada a proceso.

En el caso de las Ciudades Judiciales, el mismo decreto 552 instruyó el órgano Interno de Control del Tribunal Superior de Justicia, a que continuara con la investigación y “promoviera las acciones procedentes”, y fue en esa instancia donde se indicaron como “concluidos” los procedimientos.

Las cosas están muy claras: El Orfis tiene obligaciones bien definidas por la ley, y no cederá a chantajes mediáticos ni a presiones políticas.

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(DE LA COLUMNA "PUNTO DE VISTA")