En acatamiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolvió que es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad y declaró la invalidez del Decreto número 557, integrantes de la LXVI Legislatura presentaron una iniciativa de Decreto que reforma la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del estado.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, en nombre de su homóloga Ana Miriam Ferráez Centeno y del legislador Gonzalo Durán Chincoya, con quienes comparte la coautoría de la propuesta, la diputada Anilú Ingram Vallines hizo uso de la tribuna para exponer las motivaciones del proyecto legislativo.

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables expuso una síntesis del trabajo realizado desde la reforma a la fracción XI del artículo 2 y el párrafo primero del artículo 4 de dicha ley, el 6 de mayo de 2020, y la acción de inconstitucionalidad 204/2020 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con respecto al derecho a la consulta estrecha y participación activa de las personas con discapacidad.

Por designación de la Diputación Permanente, la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables emitió el Protocolo del proceso de consulta dirigido a las personas con discapacidad en el estado de Veracruz (particularmente a las de talla baja o gente pequeña), incluidas las niñas y los niños con discapacidad, sus familias, personas que las cuidan o apoyan, así como organizaciones e instituciones de y para personas con discapacidad.

En la consulta realizada el 26 de mayo de 2023, las respuestas a las tres preguntas planteadas, por unanimidad, las personas consultadas manifestaron que sí consideran la talla baja como una discapacidad física; contestaron que prefieren ser llamadas “personas de talla baja” o “gente pequeña” y dijeron estar de acuerdo en que sus condiciones de discapacidad no sean motivo de discriminación y que así se considere en la Ley.

Además, prosiguió la Diputada, los asistentes a la consulta enfatizaron que, al margen de cómo se les llame o que su condición se considere una discapacidad física, les preocupa sobremanera que se les cierran los espacios laborales, que su educación es deficiente, que los servicios médico-clínicos que se les proporcionan también lo son y que su accesibilidad a los inmuebles y al transporte públicos no es la adecuada.

Por lo tanto, las y el proponentes “creemos necesario reformar, además de las porciones normativas invalidadas por la Suprema Corte, la fracción III del artículo 4 de la Ley de que se trata, para que todos los derechos de las personas con discapacidad se protejan y promuevan, pero especialmente sus derechos a la salud, la educación, el empleo y la accesibilidad a los espacios y el transporte públicos”.

Con la adhesión de las diputadas Citlali Medellín Careaga, Tania María Cruz Mejía, Ruth Callejas Roldán y Maribel Ramírez Topete, así como los grupos legislativos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), la Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 2, fracción XI, y 4, párrafo primero y fracción III, de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del estado fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.