Desde su autorización para vender agua de forma privada en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín en el 2015, Grupo MAS no ha dejado de causar polémica social y política.

De acuerdo con datos públicos el 80% de las acciones de Grupo MAS pertenecen al Grupo Ambiental Proveracruz, detrás del cual está la empresa brasileña Odebrecht Ambiental, S.A.

Los problemas de Grupo MAS han ido desde laborales, mal servicio hasta la pésima calidad del agua que vende.

Recientemente el diputado local Fernando Arteaga Aponte, soltó datos que puso los cabellos de punta al dar a conocer el dictamen oficial de la Secretaría de Salud que certifica que “el agua que surte el Grupo MAS en los hogares de la zona conurbada Veracruz-Medellín contiene coliformes fecales (KK), así como cromo y aluminio, sustancias de grave riesgo para la salud”.

Lo anterior causó indignación entre los consumidores.

Hoy mismo circula un posicionamiento oficial y político del alcalde de Medellín Marcos Isleño Andrade en el que afirma que Grupo MAS ha incumplido a los Medellinenses y adelanta preparar una estrategia legal con decisiones trascendentes y de fondo de acuerdo con los resultados que resulten de las auditorías a Grupo MAS, particularmente, la del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

La voz pública exige se le retire la concesión a Grupo MAS y que se le sancione con todo el peso de la ley por vender agua contaminada que ha puesto en peligro la vida de la población.

¿Qué la vida y la salud de los habitantes del Puerto y de Medellín a nadie le importa?