La diputada Verónica Pulido Herrera presentó al Pleno de la LXVI Legislatura una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambos del estado de Veracruz, para que las órdenes de protección sean dictadas oportunamente por la autoridad y con ello salvaguardar la integridad de las mujeres.

De acuerdo con la propuesta legislativa, se prevé reformar el Artículo 154 Quáter del Código Penal para obligar al Ministerio Público a ordenar, fundada y motivadamente, las órdenes de protección en todos los delitos de violencia contra las mujeres y no solo en los de violencia familiar, “esto para que todas aquellas que acudan a denunciar tengan garantizada su integridad”.

También, se busca adicionar la fracción VII al Artículo 348 Quáter con la finalidad de incorporar como delito contra la procuración de justicia al servidor público que omita indebidamente otorgar las medidas u órdenes de protección cuando la víctima esté en peligro, tratándose de delitos de violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes, integrantes de pueblos o comunidades indígenas, personas con discapacidad o personas mayores.

Lo anterior, para obligar al Ministerio Público a emitir dichas medidas y proteger a las mujeres y a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, plantea modificar el Artículo 42 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado con el objeto de establecer que a solicitud de la víctima, o de cualquier persona, y ante la ocurrencia de un tipo o modalidad de violencia de género, las autoridades administrativas, el Ministerio Público o los órganos jurisdiccionales competentes, deberán otorgar las órdenes de protección, en el momento en que tengan conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción, que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas.

Debe evitarse, en todo momento, que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima.

En su participación, la legisladora Verónica Pulido puntualizó que las mujeres víctimas de delitos o de violencia acuden a denunciar con la expectativa razonable de obtener justicia, pero que en la mayoría de los casos lo hacen con el fin de ser protegidas mediante las medidas u órdenes que la autoridad puede dictar para tal fin.

"Lo cual es un derecho de las víctimas, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 109 fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenamiento adjetivo que rige en todas sus etapas el proceso penal", añadió.

Previamente, la Diputada aseveró que en la entidad y en el país prevalece la falta de presentación de denuncia por delitos y aludió a los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que presenta una cifra estimada de 1 millón 145 mil 599 delitos cometidos, con un estimado de denuncias del 8.8 por ciento.

En el 76.5 por ciento de los casos se inició carpeta de investigación, traduciéndose ello en que solamente existió el inicio de una carpeta en el 6.8 por ciento de los casos y en el 50.8 por ciento de dichas carpetas no ocurrió nada o no se continuó con la investigación.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género. Se adhirieron a la propuesta las diputadas Anilú Ingram Vallines, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, Ruth Callejas Roldán, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Itzel Yescas Valdivia y Maribel Ramírez Topete, así como los diputados Hugo González Saavedra y Jaime Enrique de la Garza Martínez.