En días pasados se llevó a cabo una reunión de trabajo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Veracruz, en la que participaron las y los titulares de las diversas áreas de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual tuvo como objetivo dar seguimiento a la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. 

Este Modelo es una política pública que tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de las policías municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional y Procuradurías o Fiscalías; para prevenir y fortalecer la investigación de los delitos, disminuir la incidencia delictiva, e incrementar la confianza de la población en las instituciones de seguridad pública. 

De todos es conocido que durante los últimos años, el problema de la seguridad pública se ha convertido en la principal preocupación de los mexicanos. El incremento en la incidencia delictiva en general, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes y el aumento de los delitos patrimoniales, han dañado la percepción que tienen los ciudadanos sobre la seguridad en sus ciudades, colonias y comunidades, dañando a su vez la convivencia cotidiana. 

Por ello, para hacer frente al problema, en los últimos años se aprobaron cambios legales con el fin de aumentar penas y crear nuevos tipos penales, se reformó el sistema procesal penal y se legisló en ámbitos como el de justicia para adolescentes, sistema penitenciario, delincuencia organizada o coordinación en materia de seguridad pública. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios, la criminalidad no ha cedido y la percepción de inseguridad se ha incrementado, deteriorando la calidad de vida de los mexicanos. 

Por lo anterior, el fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública de Veracruz y la profesionalización de sus elementos son prioridades del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. 

Así, la implementación del Modelo se basa en una sólida estrategia anticorrupción, acompañada de políticas de desarrollo social y económico que fortalezcan el tejido social; La creación de la Guardia Nacional que busca combatir los delitos más graves y al mismo tiempo ser subsidiaria con los gobiernos estatales y municipales, considerando las limitaciones en los estados de fuerza con los que cuentan; El fortalecimiento de las policías estatales y municipales para que paulatinamente asuman a plenitud sus funciones y facultades y se articulen con el Ministerio Público para la investigación y persecución de los delitos; y el desarrollo de un sólido sistema de justicia cívica y programas de trabajo a favor de la comunidad que prevenga el delito en sus etapas más tempranas. 

El que en Veracruz se tome lo anterior con responsabilidad y decisión, es sin duda uno de los factores que han propiciado que los índices de inseguridad y delincuencia, sobre todo los de alto impacto, hayan tenido sustanciales reducciones en los últimos años.