Cortesía del periodista Irineo Pérez Melo. - Poseedores del Ejido de Santa Ana del municipio de Atzacan, Veracruz denunciaron el tráfico de influencias, corrupción, omisión en el que incurren jueces de Orizaba, al extralimitarse en dictar sentencias maquinadas y simuladas a favor del empresario Orlando López Olivo.

Paulino López Anzures representante de pobladores de la Colonia Revolución sector 2 del Ejido Santa Ana es quien firma una carta abierta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En esa carta denuncian el modus operando de jueces, magistrados y abogados, en donde se ha dado la colusión para maquinar demandas a favor de falso comprador y vendedor.

En el escrito denuncian al juez Adalberto López Pozos y a sus familiares, que tienen intereses directos en nuestras parcelas, por lo que está impedido legalmente para conocer del proceso judicial, incurriendo en omisión y corrupción al excederse en sus funciones al dictar sentencias injustas e ilícitas, totalmente amañadas, favoreciendo sus intereses y del empresario mencionado, quien en contubernio con un falso vendedor de nombre Alex Cruz Lara, pretenden despojar de sus terrenos a más 60 familias posesionarias.

El citado togado, sin prueba alguna, en una simulación de demanda, ordenó cancelar nuestras escrituras públicas, pasadas ante la Fe de un Notario, de la compra-venta realizada en diferentes fechas con legítimos titulares de las parcelas 194 y 195, correspondientes a dicho ejido y de la cual el propio Juez tiene conocimiento pues acompañaba a su esposa a presenciar las asambleas que se realizaban en dicho ejido.

Con la actuación del citado juez viola nuestras garantías constitucionales para favorecer al falso comprador, sobre todo porque tiene intereses personales en dicho ejido, lo que le impide conocer las demandas simuladas y amañadas, al solicitar su cónyuge en el 2018 ser ejidataria, a fin de tener control de tierras ejidales, asistiendo a las asambleas y buscó ser tesorera del Comité del Comisariado Ejidal y que afortunadamente no logró este objetivo, al ganar otra planilla que actualmente los representa.

Pese a este impedimento, el mencionado juez ordenó al empresario Orlando López Olivo girar oficios al Registro Público de la Propiedad de Orizaba, para favorecerlo e impedir algún movimiento de caso de  los dos inmuebles que adquirimos, primeramente, mediante cesión de derechos firmadas por los titulares de las parcelas de origen ejidal y dando libertad al falso comprador para seguir maquinando los juicio.

La preocupación que enfrentan las más de 60 familias es que con anuencias de jueces y amparados por magistrados corruptos que integran el Segundo Tribunal del Séptimo Circuito, que sin ir a un estudio de fondo amparan y protegen al falso comprador, concediéndolo un amparo 665/2021 y ordenan al magistrado de la Cuarta Sala subsanar y proteger al empresario y falso comprador.

Se destaca que este grupo que prevalece en la región de Orizaba, una vez que obtienen ilícitamente sentencias totalmente maquinadas y amañadas, con el apoyo de las autoridades judiciales, obtienen órdenes para ejecutar la entrega de inmuebles que no les pertenecen, despojando de esta manera a ciudadanos vulnerables.

Es por eso que están solicitando la intervención de los titulares del Ejecutivo federal y estatal para que se cancelen estos juicios maquinados por personas ajenas y evitar la consumación de delitos que se evidencian a todas luces con el modus operandi de quienes intervienen en estos hechos que se están consumando en contra de más de 60 familias.

Por otro lado, se indicó que se solicitó la intervención de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado con relación al bloqueo del flujo de aguas pluviales a su comunidad por parte de los ayuntamientos de Mariano Escobedo y Orizaba que están anegando totalmente sus parcelas, a través del oficio s/n de fecha 21 de mayo del año en curso y que en la sesión del 30 de mayo de ese mismo año fue turnado a la Comisión Permanente de Agua Potable y saneamiento para su atención, quien intervino ante las instancias municipales correspondientes, con lo que se evitó se sigan dando inundaciones a sus parcelas.