La información completa se ofrece aquí en la sección de información al día como cortesía del periodista Irineo Pérez Melo y es algo que debería ser analizado a fondo por el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz.

Sobre todo, porque a nivel nacional se ha denunciado con insistencia de la actuación desviada de jueces y magistrados por casi todo el país.

La denuncia surge de ejidatarios del Ejido de Santa Ana en el municipio de Atzacan, Veracruz, en contra del Juez de Orizaba Adalberto López Pozos y algunos de sus familiares, así como de magistrados y otros jueces que, aseguran, supuestamente se coluden en otros casos parecidos para sacar provecho económico con sus determinaciones judiciales.

En una carta abierta enviada al presidente López Obrador, al gobernador de Veracruz y al Poder Judicial de Veracruz, Paulino López Anzures, representante de 60 campesinos afectados describen puntualmente que el juez, a pesar de estar legalmente impedido debido a que sus familiares están involucrados en el despojo, ha tomado decisiones para perjudicar a sus representados.

El juez Adalberto López Pozos, presuntamente con magistrados del Segundo Tribunal del Séptimo Circuito sin un estudio de fondo estarían amparando y protegiendo a un presunto falso comprador, concediéndole el Amparo 665/2021 y ordenando al magistrado de la Cuarta Sala subsanar y proteger al empresario.

Así que fácilmente podría entenderse que detrás de la actuación del Juez podrían existir intereses económicos de por medio.

El Consejo de la Judicatura en Veracruz tiene la palabra, ya que entre otras cosas el juez López Pozos tiene antecedentes no tan claros. Tan solo en Poza Rica miembros de la Barra de abogados exigieron su remoción como juez segundo de Primera Instancia.

Además, el pasado 10 de junio, la Fiscalía anticorrupción recibió una denuncia en contra de Adalberto López Pozos, Juez Cuarto de primera Instancia, por desaparecer denuncias y otros presuntos delitos.