¿Se trata aquí de una persecución injusta de jueces o es cierto que el tercer poder del Estado se puso al servicio de presuntos delincuentes? 

En la mañanera de hoy, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, exhibió a jueces que resolvieron a favor de presuntos delincuentes.

Entre otros, Rodríguez Bucio se refirió al caso que se le sigue al ex Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, al cual el juez encargado del despacho del Juzgado 17° de Distrito en Veracruz, Andrés Rossell Martínez, le otorgó una suspensión provisional para cesar de inmediato la prisión preventiva oficiosa en su contra.

Este Juez, dijo Luis Rodríguez Bucio, ‘intentó liberar a Jorge ‘N’ a pesar de que los delitos por los que se le investiga son tipificados como graves, y que a no ser por el Juez de Control que lleva el proceso penal que le justificó la prisión preventiva, el exfiscal ya estaría libre'.

En la misma conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública expuso el caso del Juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, quien ordenó que los escoltas adscritos a la SSP les fueran reasignados al exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca.

Curiosamente fue el mismo Juez que en octubre del 2022 le otorgó a Cabeza de Vaca una suspensión provisional contra la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada y un amparo en febrero de este año, mismo que después fue revocado por el Primer Tribunal colegiado de Tamaulipas.

Otro caso que ocupa actualmente la atención nacional pero que no fue abordado esta mañana es el del Juez de Control Federal en la CDMX, Gerardo Genaro Alarcón López, a quien la FGR le acusa de emitir una resolución ‘ilícita, injusta y parcial’. Este Juez determinó la suspensión del procedimiento que se le sigue al exdirector de PEMEX Emilio Lozoya a quien se le acusa de recibir un soborno por casi 4 millones de dólares por el caso de la venta ilegal de la planta de Agronitrogenados.

Y luego, se trata aquí de una persecución injusta de jueces o en realidad el tercer poder del Estado se ha puesto al servicio de presuntos delincuentes.