Roberta Ayala Luna vivió momentos de gloria en los tiempos del primer fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras. Era de su “equipo de confianza”.

A su salida, con la llegada de Jorge Winckler, se conoció su verdadera capacidad profesional y fue enviada como fiscal al municipio de Huayacocotla. Nadie allá tiene buenos recuerdos de su desempeño.

A finales de la semana pasada circuló en redes sociales una carta del personal de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigaciones de Delitos de Violencia contra la Familia, Niñas, Niños y de Trata de Personas cuya titular es, precisamente, Roberta Ayala Luna- dirigida a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández, a quien le relatan numerosos casos de abuso de autoridad en los que incurre la abogada Ayala Luna.

A Verónica Hernández no necesitan hablarle de la actitud autoritaria y abusiva de la responsable de las fiscalías especializada en violencia contra la familia y de trata de personas. Ella misma lo ha atestiguado.

Entre el personal de la Fiscalía se recuerda aquella ocasión en la que Verónica Hernández acudió a emitir su voto en una casilla especial. Mientras esperaba con paciencia su turno, llegó Roberta Ayala, la saludó de manera afectuosa y se fue a colocar varios metros más delante de la fila, donde una persona de su oficina le había estado apartando el lugar.

Los empleados de la Fiscalía adscritos a las oficinas de Roberta Ayala se quejan de que los hace trabajar muchas horas más de las que les corresponden. Todos están obligados a asistir a los actos cívicos de los lunes y laborar en días inhábiles y festivos.

No existen facilidades para que las fiscales adscritas a esa área acudan a las audiencias en Pacho Viejo, muchas de las cuales concluyen por la madrugada.

Las trabajadoras están sorprendidas del trato: se trata de una oficina en la que se combate el abuso a la mujer y, sin embargo, las mismas empleadas de esa coordinación sufren de abuso laboral.

Habrá quien suponga que, aunque suena muy riguroso, todo se justifica por el alto estándar de rendimiento de esa oficina.

No es así.

Las fiscales adscritas a esa área no consiguen que su jefa les autorice un procedimiento abreviado, “a menos que por alguna razón le convenga”.

Lo grave es que, si no se celebran los procedimientos abreviados, la mayoría de los casos llegan sin sustento al juicio. El procedimiento abreviado es una figura de terminación anticipada, contemplada en el sistema acusatorio y oral, que permite resultados positivos, cuando el imputado acepta su responsabilidad.

En fechas recientes, organizaciones civiles han confirmado que el estado de Veracruz se ubica entre las cinco entidades con el mayor número de casos de trata de personas con fines sexuales.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman que desde el año 2019 los delitos de trata de personas y corrupción de menores han ido en aumento en Veracruz.

La estadística de trata de personas pasó de tener cuatro investigaciones en 2019 a 11 en 2021. La incidencia del delito de corrupción de menores pasó de registrar 21 investigaciones en 2012 a 33 hasta junio de 2022.

Estadísticas del Chat Nacional contra la Trata de Personas (LNCTP), Veracruz ocupó el cuarto lugar en reportes de trata de personas con 122 entre el 2021 y 2022, después de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.

Algo no se esta haciendo bien en la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigaciones de Delitos de Violencia contra la Familia, Niñas, Niños y de Trata de Personas, a cargo de Roberta Ayala Luna.

Su expediente ya está en la oficina del gobernador y muy pronto podría haber ajustes muy severos en esa área.

filivargas@gmail.com

(DE LA COLUMNA "PUNTO DE VISTA")

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