El día de ayer miércoles circuló una información de la Secretaría de Hacienda que por supuesto pocos o casi ningún medio editorializó.

Solo circuló la nota como algo intrascendente y llano.

Sin embargo, la nota merecía mucho pero mucho más, sobre todo para aquellos que están muy preocupados por lo que el actual gobierno gasta e invierte en los programas sociales que se otorgan a personas de la tercera edad a los que el odio político los ha llevado a denostar como ‘material de desecho’.

Hacienda informó que al cierre del mes de septiembre pasado los adeudos fiscales de contribuyentes poderosos alcanzaron la cifra récord de más de 2 billones de pesos que grandes corporativos y empresas multinacionales con el amparo y protección de jueces del Poder Judicial mexicano, se mantienen fríos, protegidos y atorados en ‘legales’ controversias por casi 1.3 billones -es decir, más de la mitad- de esos multimillonarios recursos públicos.

Hacienda reporta que se trata de 182 mil 147 casos de adeudos los que se mantienen en el limbo en tribunales del Poder Judicial.  

El caso es que, si usted o cualquier mexicano o microempresario deja de pagar cualquier miseria de impuestos, esos mismos jueces no se tientan el corazón para mandarlo a la cárcel sin miramiento alguno.

Pero si cuando se trata de poderosos empresarios nacionales, empresas multinacionales o socios mexicanos la justicia está presta para volar en su apoyo mediante el apego de la Ley.

Pero hay algo dentro de lo anterior de lo que no se habla, ni se toca en el discurso político actual. Se trata de que gran parte de esos adeudos protegidos a contribuyentes fueron cancelados “irregularmente durante administraciones pasadas” y de los que apenas, de diciembre del 2020 a marzo de 2023 se han logrado reactivar unos cuántos por apenas 417 mil 991 millones de pesos.

¿Por qué será?