En México las actividades de los tres niveles de gobierno deben realizarse con base en un proceso de planeación, ya que la planeación es un derecho Constitucional, así lo establece Artículo 26 de nuestra Carta Magna desde la década de los 80, y tiene la finalidad de asegurar al pueblo, a la ciudadanía, que los recursos públicos de que dispongan los gobiernos se utilicen de acuerdo con un Plan, Nacional, estatal o municipal de desarrollo, aprobado por la representación popular, la Cámara de Diputados o los Congresos estatales, y no para que se utilicen de manera discrecional o de acuerdo a intereses y decisiones personales de gobernantes en turno.

El Plan Nacional, estatal o municipal de Desarrollo debe presentarse para su aprobación al Congreso de la Unión o estatales respectivamente en los 6 primeros meses del período para el cual hayan sido electos, a fin de que su Plan de Desarrollo se apruebe y sea la guía sobre la cual trabajar como gobiernos y sobre el que deberán rendir cuentas e informar de los avances y logros.

A este Plan se deberán sujetar obligatoriamente los programas y proyectos de la administración en cualquiera de los tres órdenes de gobierno.

Para realizar los planes de desarrollo el Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución determinarán los objetivos de la planeación que será democrática, mediante la participación de los diversos sectores sociales de los que se recogerán las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y a los programas de desarrollo.

El Sistema Nacional de Planeación Democrática en su estructura administrativa señala que los resultados de los Foros de Consulta Popular, los foros de expertas y expertos, así como la consulta realizada en la campaña política del candidato ganador de la elección, debe incorporarse a la formulación y la Instrumentación del Plan de Desarrollo para su período de gobierno.

Entonces, debemos prestar especial atención a las promesas de campaña de candidatos y candidatas que ahora contienden por un cargo público y tomar nota de sus promesas para revisar y exigir que queden incorporadas en el Plan de Desarrollo de su gobierno y que las lleven al cabo.

El Sistema Nacional de Planeación Democrática lo planetea así para evitar que, con falsas promesas en campaña, algún candidato obtenga el voto y ya en el poder se olvide de ellas y defraude a los electores. Sobre todo en aquellas promesas que no dependen de su ámbito de gobierno ni de sus facultades como ejecutivo, porque requieren la aprobación del Congreso.

Tomemos nota y tengamos presentes las promesas de campaña y una vez pasadas las elecciones, contrastémosla con el contenido de los Planes de Desarrollo, y si no las incluyeron, exijamos a nuestros representantes en el Congreso, Diputadas y Diputados, que se incluyan, para las promesas con las que nos convencieron de darles nuestro voto no hayan sido falsas promesas y se vean en la obligación de cumplirlas.

¡Aguas candidatas y candidatos presidenciales y a los gobiernos de los estados!