En vísperas de que se inicien en el Congreso de la Unión los debates con relación a las reformas de fondo a la Constitución de las que tanto se ha hablado, el platillo fuerte sigue siendo la que se refiere al Poder Judicial. 

Esa será la madre de todas las reformas.

Y es que si bien en el 2018 los votantes sacaron a flote el hartazgo acumulado durante muchos años y optaron por darle las gracias al PRIAN, así como buscar una nueva relación Estado-gobernados y, por si fuera poco, alcanzar cambios sustantivos en el modelo económico, todo ello debía estar sustentado en cambios a la infraestructura jurídica del país. 

Sin embargo, MORENA y sus aliados toparon en el presente sexenio con dos problemas fundamentales:

1) No lograron tener la mayoría calificada en el Congreso, y 

2) Se toparon con un Poder Judicial no autónomo, sino en poder del régimen de gobierno y partidos políticos expulsados de Palacio Nacional y de Los Pinos desde las urnas.

Es decir, el nuevo régimen que triunfó en las urnas quedó atado de manos desde las tribunas del Poder Judicial, por lo que el cambio quedó corto y sin el poder de cambiar a fondo lo que se debía cambiar. 

El actual ha sido un periodo de lucha de fuerzas. 

Paso hacia adelante que dio el nuevo Poder Ejecutivo, paso para atrás obligado legalmente.  

Evidentemente, la 4T se topó con un muro infranqueable formado por jueces, ministros y magistrados que en su mayoría le debían su poder a las cúpulas que perdieron el mando en el 2018. 

1.- El tema es que, de no lograrse las reformas iniciadas desde Palacio Nacional en la próxima Legislatura Federal, la 4T no avanzará ni llegará a ningún lado;  

2.- Seguirá permeando en el país la impunidad y por ende la inseguridad; 

3.- Se mantendrán los privilegios de los empresarios evasores de impuestos; 

4.- Las injusticias sociales y dolores que padecen los que menos tienen continuarán a causa de fallos judiciales sesgados; 

5.- Los bienes nacionales seguirán corriendo el riesgo de ser privatizados al mejor postor. 

Y un largo etcétera. 

Así de crucial es que las bancadas de los partidos aliados que impulsan la 4T cumplan con el mandato popular que les fue depositado en las pasadas elecciones del 2 de junio. 

El diagnóstico señala que es posible. El pueblo -como nunca- cuenta con la información de las fallas que existen en el Poder Judicial. Los casos en que jueces, magistrados y ministros de la Corte han sido exhibidos favoreciendo a presuntos delincuentes, ya se pueden contar por miles. 

En la mañanera de este martes en Palacio Nacional, se informó a los mexicanos que la propia magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra denunciada por rechazar o desestimar una queja administrativa en un caso de desaparición forzada, contra la Jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, lo que significa que se favoreció con ello a los presuntos responsables de la desaparición de José Francisco "N", un pepenador que fue detenido en diciembre de 2018 y que continúa desaparecido. La queja se promovió debido a que las decisiones de la jueza podrían absolver a los procesados de este delito. 

Y si lo anterior lo hizo la propia magistrada presidenta de la SCJN, ¿Qué se puede esperar de los demás ministros, magistrados y jueces cuya obligación es impartir justicia? 

Este mismo martes desde Palacio Nacional se dio a conocer otro caso por demás delicado, el presidente Andrés Manuel López Obrador EMPLAZÓ a la Suprema Corte de Justicia a resolver el expediente de un deudor de Hacienda de miles de millones de pesos que tiene que ver con el poderoso Grupo Azteca, cuyo principal accionista es un empresario de apellido Salinas Pliego. 

El presidente le hizo una pregunta a la SCJN “¿Lo van a volver a guardar? -refiriéndose al expediente- o ¿Están esperando a que yo me vaya?”. 

Así, de ese tamaño andan las cosas en el Poder Judicial de la Federación, por lo que la reforma no solo es necesaria sino urgente.

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(COLUMNA "FIGURAS Y FIGURONES")