Irineo Pérez Melo.- Santa Ana, Atzacan, Ver.- Jueces del fuero común y federales, así como magistrados, incurren en fraude procesal al dictar sentencias basadas en pruebas ilícitas y simulaciones de dos simples contratos entre particulares, afectando con ello a más de 60 posesionarios y legítimos propietarios de las parcelas 194 Z-1 P1/2 y 195 Z-1 P1/2.

Lo anterior fue denunciado por Paulino López Anzures, representante de los posesionarios y uno de los afectados, quien acusó de manera directa al Juez Adalberto López Pozos, Jues Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, al favorecer parcialmente al empresario Orlando López Olivos con una Sentencia Infrahumana, al lograr revocar, con el contubernio de Jueces del Fuero Común y federales, así como magistrados, una sentencia que se había dictado en favor de los propietarios legítimos y poseedores de las parcelas mencionadas, cuyos certificados parcelarios se encuentran a nombre de los legítimos titulares: Ricardo Florencio Ortega Vásquez y Baldomero Vargas Corona, respectivamente.

En entrevista, el denunciante mencionó que con ello los infractores lograron fraudulentamente una condena en su favor de dejar sin efecto las dos escrituras públicas legitimas ya con dominio pleno de los titulares parcelarios que nos enajenaron respectivamente las parcelas ante Notario Público, cumpliendo todos los requisitos por ser las primeras enajenaciones que dan cumplimento a la legalidad de la Ley Agraria y la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.

Explicó que una vez lograda la ilegal resolución, donde se condena la nulidad de las escrituras sin que se condene a la entrega física de dichos terrenos, ya que esto seria motivo de otro procedimiento, derivado de sus simulados contratos y la obtención de sentencias infrahumanas.

Por otro lado, denunció también que la actuaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia omite información en una diligencia simulada, para facilitar al citado empresario consumar despojo con violencia de las parcelas descritas, en perjuicio de más de 60 familias.

Ante la posible existencia de delitos de corrupción, influyentismo del fraude procesar y los delitos que resulten y pruebas presentadas a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de los jueces involucrados, exigió al Juez Adalberto López Pozos se excuse por tener impedimento de conocer la demanda con número de Expediente 2932/2024/II de nulidad de juicios concluidos del Índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia.

"Razón por la cual exigimos la restitución de nuestros inmuebles y que nos sean reparados los daños ocasionados en el derribo violento con maquinaria pesada de nuestras viviendas, cimientos y saqueo de nuestros muebles", dijo por último.