Magistrados, ministros y jueces del Poder Judicial acordaron seguir en paroindefinido y no dejar de manifestarse y congregarse en la CDMX para continuar su lucha por la defensa del Poder Judicial.

El plan es encontrar elementos jurídicos para echar abajo la reforma Constitucional aprobada en la Cámara de Diputados y de Senadores, y que a la fecha ya fue aprobada en 18 Congresos Estatales -uno más de los 17 que se requieren para que esté en condiciones de ser promulgada por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador- lo que finalmente podría ocurrir este mismo jueves 12 de septiembre según lo adelantó esta mañana el diputado federal Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Legislativo de MORENA en la Cámara Baja.

El Plan de los ministros, magistrados, jueces y trabajadores de poder Judicial es continuar la lucha y tomar las calles de la CDMX y aguantar a pie firme incluso hasta el día que tome posesión la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, y entre tanto, se acumula el trabajo y juicios pendientes en las oficinas del Poder Judicial.

La ministra del pueblo como se le conoce a Lenia Batres, declaró que ¡Urge romper la parálisis de la SCJN! Pues ya se le acumularon 440 mil juicios de resolver, entre ellos el del dueño de TV Azteca Ricardo Salinas Pliego, al que parece protegen para evitar que pague varios miles de millones de pesos por impuestos que no ha pagados al fisco.
 
El tema es que al parecer -como aquí se ha insistido-  el verdadero interés de magistrados, ministros y jueces no es atender el caso en cumplimiento de su deber legal, sino azuzar a quiénes con ellos simpatizan, para exhibir decisiones contrarias al interés de la nación de parte del Poder Ejecutivo y Legislativo; toda vez que ahora ya aprobada la reforma, ellos como Poder Ejecutivo podrían conforme a sus funciones y atribuciones, declarar legal o ilegal, Constitucional o inconstitucional la reforma, pero desde sus oficinas y despachos pero no en las calles.

Sobre todo, porque según han declarado representantes de los partidos políticos de oposición, ya preparan sus recursos legales para impugnar la reforma Constitucional y es ahí donde deberán dar la batalla y no calentando los ánimos populares.