Xalapa, Ver., 21 de octubre de 2024.- Las deudas históricas de administraciones pasadas con el pueblo alcanzaron a miles de veracruzanos, entre ellos 418 docentes del sistema federal y 403 del estatal que dedicaron su vida al servicio de la educación y perdieron el acceso a sus derechos laborales de manera arbitraria. 

En un segundo bloque de cobertura de seguros institucionales, maestros como Adriana Pensado Domínguez, Albertino Aburto González, María Dolores Chiquito Báez, Araceli Cruz Flores, Yolanda Cruz Otero, Roberto de la Luz Martínez, Obed Lara Zamora y Rosalía Rodríguez García recibieron el fruto de su lucha o la de sus familiares, después de muchos trámites, demandas e indiferencia.

“Sospechamos que hubo fraude y metieron mano al cajón”, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pues el monto que dejaron de pagar rondaba los mil millones de pesos; “no hay partida presupuestal de esa magnitud”, enfatizó.

Por ello explicó el reto jurídico que la situación implicaba, pero también financiero y administrativo; “aportar recursos habría significado encubrir el delito, entonces tuvimos que formular las denuncias y dejar actuar a las instancias competentes”.

A pesar de que la deuda con bancos es de casi 45 mil millones y la histórica llegaba a los 89 mil, la planeación financiera tuvo éxito al adquirir un fondo de libre disposición que fue destinado, entre otras cosas, a resarcir este daño que también incluye el Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, llamado SSTEEV.

“El maestro trabajador y sus familiares no tienen por qué pagar los platos rotos, ¡que los paguen quienes los deben!, nosotros estamos cumpliendo y de esta manera hacemos justicia, combatiendo la corrupción y gobernando con honestidad y austeridad”, concluyó el mandatario.

En la entrega de 821 cheques estuvieron presentes el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco; la oficial mayor de la Secretaría de Educación, Ariadna Selene Aguilar Amaya; el director general del SSTEEV, Francisco Enrique Pérez Carreón, y el contralor interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo Toss Capistrán.