El Código Penal para el estado de Veracruz considera los delitos que pudieran cometer aquellos que están encargados de impartir justicia.

En su artículo Quinquies fracción VI se establece que comete el delito contra la administración de justicia el servidor público que a sabiendas “prolongue la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motive el Procedimiento”.

El mismo Código impone a quien comete ese delito de 4 a 10 años de prisión, multa de 100 a 500 Unidas de Medida y Actualización y destitución e inhabilitación hasta por el mismo tiempo para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

Guillermino Vicente Licona fue detenido y acusado de manera ilegal del delito de secuestro agravado.

Su inocencia será demostrada en el momento procesal pertinente, pero lo que hoy urge es atender un acto violatorio a sus derechos humanos. Guillermino Vicente lleva ya más de 5 años en prisión, cuando la Constitución federal señala dos años, como máxima duración de una prisión preventiva y que, una vez cumplido ese plazo, la revisión de esa medida cautelar debe ser de oficio, lo que hasta este momento no se ha dado.

En este abuso han tenido responsabilidad tres jueces (Rubén Reyes Rodríguez, Adrián Reyes Acosta y Hernán Tejeda Álvarez) y un fiscal (David Cardeña Ortega, quien en 2019 estaba adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro).

Uno de esos juzgadores, Rubén Reyes Rodríguez, quien conoció originalmente el caso de Guillermino Vicente y le impuso como medida cautelar dos años de risión preventiva oficiosa, se encuentra en la actualidad evadido de la acción de la justicia, luego de que en 2023 fuera señalado de participar en una acción concertada para ayudar a varios reos a evadirse.

Un equipo de abogados se dio a la tarea de revisar el caso de Guillermino Vicente Lecuona y prepara ya denuncias de carácter penal contra quienes han provocado que una persona -a quien se le debió respetar el principio fundamental de la presunción de inocencia- ha permanecido en prisión más de 5 años sin ser sometido a un juicio justo y sin acceso a una defensa adecuada.

Hoy aquel Fiscal Antisecuestro, David Cardeña Ortega es el secretario particular de la magistrada presidente del Poder Judicial del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

Cardeña Ortega es, además (ese es un secreto a voces en el Tribunal), “la mano que mece la cuna”. Esto es, que él se encarga de poner y quitar jueces en el territorio veracruzano. Una de esas imposiciones es la jueza Míriam Eunice Juan León, hoy asignada como Juez de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial de Papantla y quien tendrá a su cargo el juicio contra Guillermino.

El jurista Tomás Mundo Arriasa publicó en sus redes sociales: “Sólo pasa en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz. Desde hace 4 años tenemos un inocente indígena detenido, acusado de secuestro agravado, sin pruebas. Tenemos juicio ya. El fiscal que integró la carpeta es el actual secretario particular de la presidenta del Tribunal, ambos estuvieron juntos en Poza Rica. La jueza que llevará el juicio es protegida de él. ¿Creen que ella resuelva racionalmente, sin sesgos? Si le ordena su jefe. Otros deben estar en prisión, no inocentes”.

Ese es el caso de Guillermino Vicente, quien contará con el respaldo jurídico necesario para recuperar la libertad que nunca debió perder, y para que los culpables de su encierro paguen por ello.

filivargas@gmail.com

(DE LA COLUMNA "PUNTO DE VISTA")

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