Xalapa, Ver., 26 de noviembre de 2024.- Las diputadas Naomi Edith Gómez Santos, Dulce María Hernández Tepole y Dorheny García Cayetano, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, recibieron la comparecencia del titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Miguel Ángel Olivares Martínez, como parte de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno.

Dicho acto de rendición de cuentas inició a las 17:05 horas. Luego de protestar decir la verdad en su exposición, el funcionario aseguró que la dependencia a su cargo ha priorizado sus estrategias en la prevención a través de la implementación del Sistema de Control Interno, las revisiones en tiempo real y la promoción de los principios y valores éticos en las personas servidoras públicas, con enfoque alineado al diseño de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción.

El contralor integró su presentación en seis ejes: Fortalecimiento, Fiscalización, Ética Pública, Responsabilidades Administrativas, Transparencia y Género.

Las principales herramientas para el fortalecimiento institucional mencionadas por el funcionario son: El Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, los 33 Comités de Control de Desempeño Institucional (Cocodis) en diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, constituidos en este año, y los Comités de Contraloría Ciudadana presentes en los 212 municipios del estado.

Estas y otras acciones, manifestó, permitieron que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación otorgaran a Veracruz en dos años consecutivos el Premio Nacional de Contraloría Social: En 2023, como reconocimiento a las buenas prácticas del Comité de Contraloría Ciudadana del Instituto Tecnológico Superior de Perote, y en 2024, a la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz.

En el ámbito de la fiscalización de la aplicación de los recursos federales, dijo, por primera vez, la SFP determinó cero pesos observados al ejercicio 2023 de lo transferido por el Ejecutivo federal al Gobierno de Veracruz para atender educación, salud, seguridad pública y asistencia social. Durante esta administración, se logró reducir 98.6 por ciento en los montos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Gobierno de Veracruz en relación con ejercicios de las administraciones pasadas.

Habló también de la creación de la Unidad de Ética y Capacitación, la publicación del Código de Ética del Poder Ejecutivo del estado, la aprobación de 73 códigos de conducta de las dependencias y entidades y la capacitación de más de 60 mil personas servidoras públicas.

En cuanto a Responsabilidades Administrativas, prosiguió, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) determinó sanciones económicas por un monto superior a mil 600 millones de pesos (mdp), correspondientes a faltas cometidas en administraciones anteriores.

Durante esta administración, se logró una reducción de 54 por ciento en los procedimientos de responsabilidades administrativas por faltas graves relacionadas con actos de corrupción. Al mismo tiempo, señaló el contralor, las sanciones impuestas corroboran, no sólo el combate a la corrupción, sino la cero tolerancia a la impunidad.

En materia de transparencia, recordó que la información relativa a las funciones gubernamentales está al alcance de la sociedad en la página web de la CGE, que permite obtener información pública en tiempo real y de forma gratuita.

Durante la presente administración, añadió el titular de la Contraloría estatal, no se presentó ninguna queja o denuncia relacionada con hostigamiento y/o acoso sexual en esta dependencia y se capacitó a casi 17 mil personas servidoras públicas en materia de género.

Miguel Ángel Olivares Martínez concluyó su participación enfatizando que el actual gobierno pasó de recibir una administración con 7 mil mdp observados por la SFP a entregarla con cero pesos observados al último ejercicio auditado, logrando además una reducción del cien por ciento de las observaciones relevantes de las auditorías directas a los estados financieros y la disminución del 98.6 por ciento en los montos observados por la ASF.

Participación de diputadas y diputados

En la primera ronda, participaron el diputado Diego Castañeda Aburto (Morena) y las legisladoras Estefanía Bastida Cuevas (PVEM) y Dulce María Hernández Tepole (PT) con preguntas referidas al total de auditorías realizadas en la presente administración y las implementadas por la ASF; las acciones y resultados del caso del sistema de videovigilancia para la entidad; de qué manera el Manual de Ética garantiza la prevención de actos de corrupción y la medición que se hace al respecto, así como los resultados de los comités de Contraloría Ciudadana y Social.

También, la simplificación del trámite de No Inhabilitación, criterios aplicados para determinar la inexistencia de observaciones y las medidas para subsanar las deficiencias previamente señaladas; las estrategias para prevenir el hostigamiento o acoso sexual; los beneficios de contar con comités de Contraloría Ciudadana y el avance registrado a partir de la implementación de manuales y reglamentos.

La diputada Ana Rosa Valdés Salazar (PRI) y los legisladores Enrique Cambranis Torres (PAN) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC) cuestionaron acerca de las acciones implementadas por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) respecto de las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) por obras inconclusas; postura de la CGE para sancionar o desmentir declaraciones de funcionarios federales sobre actos de corrupción en la SIOP y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA); de las seis observaciones relevantes sin solventar derivadas de las auditorías directas realizadas de las cuentas públicas 2022 y 2023; resultado de la investigación por presuntas responsabilidades administrativas y las sanciones que se aplicarían.

Preguntaron también sobre el monto invertido en las 135 auditorías realizadas por despachos externos y prestadores de servicios profesionales, quiénes son éstos y cómo fueron elegidos; avance en las observaciones detectadas por la ASF al DIF Estatal y el Hospital de Nautla; investigaciones por el alto costo por el servicio de grúas; si existen sanciones por la vía administrativa por la participación voluntaria u obligada de trabajadores del gobierno estatal en actos proselitistas en horario laboral.

Además, denuncias interpuestas por hostigamiento o acoso sexual; seguimiento a la veracidad de las declaraciones patrimoniales realizadas por funcionarios de nivel jerárquico alto; responsabilidades para la administración entrante de las investigaciones iniciadas en este año; la responsabilidad del funcionario o ente público por obras que no se encuentran en operación; seguimiento y supervisión para la contratación del elenco artístico para el Festival Salsa Fest; responsabilidad de la SIOP por obras entregadas de baja calidad; entes o funcionarios a los que se les ha comprobado daño patrimonial en las cuentas públicas 2020, 2021 y 2022, cuánto se ha devuelto a la Federación por subejercicio y acciones para sancionar a los funcionarios.

Concluida la única ronda de preguntas, a las 19:15 horas, la presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, diputada Naomi Edith Gómez Santos, dio por terminada la comparecencia.