Un punto pendiente que tiene la 4T, luego de cortarle alas a la corrupción con reformas constitucionales de gran calado como lo fue la Reforma al Poder Judicial y la electoral que se espera rija las próximas elecciones intermedias 2027, es el de las notarías y corredurías públicas del país. 

El hecho de que los títulos de esos organismos se den como auténticas mercedes reales a exfuncionarios y amigos de los gobernadores, se presta a toda clase de suspicacias. 

Ahí, en notarías y corredurías públicas, se legalizan toda clase de maniobras negras como las del tan llevado y traído “Cártel Inmobiliario” de Veracruz. 

Dar fe a empresas “espejo”, “fantasma”, o como guste llamarlas, por parte de algunos notarios públicos amigos al servicio del poder, ha sido la mejor forma de saquear las arcas públicas y de tapar toda clase de tropelías que se hacen desde las oficinas de altos y encumbrados funcionarios públicos. 

Es decir, urge reformar esos renglones. 

Notarios y corredores deben hacerse responsables de su fe pública. 

Deben establecerse nuevas vías para otorgar esas funciones de la sociedad, con notarios y corredores públicos que demuestren cabal honestidad y capacidad, y pasar por escrupulosas pruebas de confianza. 

Ese y otros casos más se encuentran entre los pendientes de fondo en la 4T.