No han pasado ni veinte días desde que arrancó la nueva administración en Lerdo de Tejada y el hedor a rancio ya inunda el palacio municipal. Lo que en el discurso oficial se vendió como "continuidad", en la práctica no es más que un burdo caciquismo familiar, donde la silla presidencial se hereda como si fuera un mueble de sala, pasando de las manos del hijo a las de la madre, sin escalas y sin pudor.

La llegada de Flor María Sosa Zamudio al poder no es un triunfo democrático; es el retrato hablado de la política más primitiva. Bajo el amparo de un cargo constitucional, asistimos a la mutación de los intereses privados en ejercicio público. Aquí, la familia no es el núcleo de la sociedad, sino la gerencia de un negocio llamado presupuesto.

El hijo, el exalcalde Jorge Fabián Cárdenas Sosa, dejó una estela de irregularidades financieras con recursos municipales, estatales y federales. Ante el hundimiento inminente, aplicó la "vieja confiable": disfrazar a su madre con el chaleco de Morena para buscar impunidad.

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Sin embargo, el blindaje se está agrietando. La alcaldesa Sosa Zamudio no solo carga con el desprestigio de su estirpe, sino con su propia falta de temple. Los videos que circulan, donde se le ve en actitudes que provocan náusea social, son apenas la punta del iceberg de una administración que nació torcida.

Pero lo verdaderamente alarmante —y que raya en lo criminal— es lo que sucede tras bambalinas en el Cabildo. El síndico Johard Alejandro Cruz Delfín ha destapado la cloaca: denunció amenazas, extorsión e intimidaciones para obligarlos a firmar, con los ojos cerrados, la entrega-recepción. Quieren que el Cabildo sea el cómplice que lave los pecados financieros de la gestión anterior. La resistencia del síndico es, quizás, el último vestigio de decencia en un ayuntamiento que parece operado bajo métodos de la delincuencia organizada.

La Fiscalía y el ORFIS tienen la palabra, pero la ciudadanía seguramente ya tiene el veredicto. 

Lerdo de Tejada necesita una autopsia administrativa. De lo contrario, la legalidad y la rendición de cuentas seguirán siendo simples palabras decorativas en el festín de una familia que se niega a soltar la ubre pública.