En los cafés políticos, los sabios bebedores del mejor aromático del mundo ya no discuten si el caso de Rubén Rocha Moya es escándalo mediático o asunto serio. La pregunta ahora es si México ya empezó a dejar correr el procedimiento rumbo a una eventual extradición. 

Y es que comienzan a acumularse señales.

La primera: al solicitar licencia, Rocha Moya habría perdido la protección del fuero constitucional, según diversos especialistas.

La segunda: crece la versión de que el gobernador con licencia no estaría bajo simple resguardo político, sino bajo vigilancia para evitar riesgos de fuga.

Y la tercera —la más delicada—: medios nacionales como SDP Noticias y SinEmbargo han difundido versiones sobre un presunto congelamiento de cuentas ligado a investigaciones financieras, tema que hasta ahora no ha sido confirmado oficialmente.

Ahí está el verdadero fondo político. Porque mientras Estados Unidos prepara la formalización de pruebas y delitos, en México ya empiezan a verse movimientos que muchos interpretan como señales de cooperación y no de protección.

Y eso cambia completamente la perspectiva. 

Más allá de culpabilidades o inocencias —que deberán probarse—, lo que se empieza a leer en el ambiente político es que Claudia Sheinbaum no estaría dispuesta a cargar el costo de defender lo indefendible.

Ojo aquí, porque el poder deja de cerrar filas… y eso normalmente sucede cuando algo importante ya se movió detrás del telón.