Lo que hoy ocurre con el gobernador con licencia de Rubén Rocha Moya no parece un caso aislado. Más bien luce como parte de una nueva etapa política donde expedientes, filtraciones y señalamientos internacionales empiezan a convertirse en armas electorales.

Porque una cosa es cierta, el fenómeno no nació con la 4T.

Ahí están los casos de Mario Villanueva Madrid, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández Flores, Roberto Sandoval Castañeda o Genaro García Luna, cuyos nombres durante años aparecieron ligados a investigaciones, procesos o acusaciones surgidas desde Estados Unidos.

La diferencia es que ahora el fenómeno parece entrar de lleno al terreno electoral y mediático. Porque una cosa es investigar y otra muy distinta administrar políticamente las filtraciones.

Y ahí es donde empieza el verdadero problema para todos los partidos. Porque cuando la política entra al terreno de los expedientes, nadie garantiza salir limpio. Hoy el foco está sobre la 4T y Rubén Rocha Moya, pero mañana podría caer sobre figuras del PRI, PAN, MC o empresarios ligados al poder.

Por eso el riesgo para el gobierno no es solamente jurídico, sino político: cada día que un caso queda sin aclararse, la oposición gana narrativa; y cada filtración sin sustento también termina desgastando la credibilidad institucional.

La pregunta ya no es quién tiene expedientes, la pregunta es quién resistirá cuando comiencen a abrirse en plena campaña rumbo al 2027 o la del 2030.

Por ello, como antes aquí se señaló: MORENA ya avisó poner lupa penal y financiera sobre sus candidatos, y por fuerza la oposición tendrá que hacer lo mismo o atenerse a las consecuencias de ser noqueados en el nuevo ring o campo de batalla.