Mientras la polarización política sigue su ruta destructiva, poco espacio queda para reconocer cambios positivos. Pero en Veracruz empiezan a aparecer datos fríos que merecen atención.
La fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez y la gobernadora Rocío Nahle parecen decididas a alinear al Estado con la estrategia nacional de judicialización y combate a delitos de alto impacto.
Así, la FGE informó en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad que en apenas 48 horas logró 27 resoluciones judiciales, entre sentencias condenatorias, vinculaciones a proceso e imputaciones relacionadas con secuestro, extorsión y homicidio.
Y ahí está el punto político de fondo: en Veracruz la estrategia de seguridad ya no busca quedarse solo en operativos o despliegues mediáticos; también intenta sostener carpetas, detenciones y procesos que sobrevivan ante jueces. Y es que una cosa es detener y otra judicializar.
Destacan además acciones contra secuestro y extorsión, delitos que históricamente golpean la percepción social y económica del Estado.
Y aunque falta muchísimo para cantar victoria, en los cafés políticos ya empieza a leerse algo: la 4T en Veracruz entendió que seguridad sin judicialización termina siendo simple propaganda.
Por eso el dato importante no son solo las detenciones, sino que los expedientes empiecen a caminar.
En política de seguridad, las cifras ayudan, pero las sentencias pesan más.