Esta mañana en los cafés políticos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, los sabios bebedores de lecheros y que toman Zaraza, captaron que muchas veces la discusión pública se queda en el número de capturas o decomisos que logra un gobierno frente a otro, o un partido político frente a otro, pero el verdadero examen comienza donde pocas veces volteamos a ver: la integración sólida de carpetas de investigación, la obtención de órdenes judiciales y la capacidad de sostener los casos ante los tribunales.

Durante años se habló de puertas giratorias y de expedientes mal integrados que terminaban devolviendo a las calles a presuntos delincuentes. Por eso hoy llaman la atención los resultados que la Fiscalía General del Estado de Veracruz viene reportando de manera constante y no como hechos aislados.

Tan solo entre el 19 y el 26 de junio se ejecutaron 99 mandamientos judiciales en 30 municipios del estado: 53 detenciones en flagrancia y 46 órdenes de aprehensión derivadas de investigaciones ministeriales.

Los casos abarcan delitos de alto impacto como homicidio, extorsión, narcomenudeo y delitos sexuales. Y por sí solas, las cifras comienzan a tener peso propio.

Pero quizá lo más importante es otra cosa: que los expedientes estén llegando a los jueces y no se queden únicamente en boletines de prensa o conferencias de seguridad.

Porque detener puede ser noticia de un día, pero procesar y sostener los casos ante la justicia es lo que realmente empieza a cambiar las cosas.

Y ahí parece influir, y mucho, que la Fiscalía tenga hoy al frente a una titular con experiencia como juzgadora y que el Gobierno de Veracruz mantenga firme su compromiso de trabajar coordinadamente con la Federación en materia de seguridad y procuración de justicia.

Porque aunque algunos quizá quisieran que pase desapercibido, es exactamente ese tipo de resultados institucionales los que el país lleva años exigiendo.

Los canillazos del día son para quienes todavía creen que la seguridad se mide únicamente contando patrullas y detenidos.