En los cafés políticos de la zona conurbada Veracruz-Boca, la conversación se ha centrado en la fuerte sentencia que se le aplicó a Pascual Lagunes, quien dejó de ser “N” desde el momento que se le acreditó el delito. 

Durante años, el conflicto sindical en TAMSA simbolizó violencia, poder e impunidad. 

Hoy, casi nueve años después de aquellos hechos ocurridos en marzo de 2017, la Fiscalía de Veracruz obtuvo una sentencia de 41 años y 11 meses de prisión contra Pascual por homicidio doloso calificado.

Más allá del nombre del sentenciado, el mensaje institucional es otro porque como aquí se ha sostenido: una carpeta de investigación bien integrada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, logró una vez más resistir el juicio oral hasta llegar a una condena.

Detener a un presunto delincuente puede ser noticia de un día, y más si se trata de un personaje político de tanto peso como Pascual Lagunes, pero sentenciarlo es lo que realmente acredita que la justicia llegó.

Cuando un caso emblemático deja de ser expediente para convertirse en sentencia, también cambia la percepción ciudadana sobre la capacidad del Estado para combatir la impunidad.

Así que los canillazos de hoy van para todos aquellos que aún piensan que la justicia no los tocará jamás, porque siempre habrá una primera vez.