Cinco años después, la justicia alcanzó una sentencia. Tardía, sí; pero necesaria. Cada resolución de este tipo envía un mensaje que la sociedad necesita escuchar: la violencia contra las mujeres debe investigarse, juzgarse y castigarse. El verdadero reto es que ningún caso vuelva a esperar años para encontrar justicia.

Pero este caso también debería abrir otra conversación: la que ocurre en la casa, en la oficina, en el taller, en la escuela y en la mesa familiar. Porque prevenir la violencia contra las mujeres empieza mucho antes de que intervengan policías, fiscales o jueces.

Cada feminicidio representa un fracaso colectivo: de la familia, de las instituciones y de la sociedad. Una sentencia no devuelve la vida de la víctima, pero sí fortalece un principio indispensable para cualquier Estado de Derecho: que estos delitos no queden impunes.

También conviene entender que la justicia tiene procedimientos. Los recursos legales que la ley concede a una persona sentenciada no son privilegios, sino garantías procesales que permiten confirmar, corregir o, en su caso, revocar una resolución. Esa revisión fortalece la confianza en las instituciones, no la debilita.

La justicia no se construye con linchamientos populares, sino con pruebas, tribunales y sentencias conforme a derecho.

Porque cuando la justicia llega, aunque tarde, también envía un mensaje: la impunidad no puede seguir siendo la última palabra.