Por un lado México prepara acciones legales para exigir justicia por la muerte de ciudadanos mexicanos durante operativos migratorios en Estados Unidos; por otro, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció la suspensión temporal de la mayoría de sus controles vehiculares.

Aunque esa decisión se produce después de la muerte de dos migrantes durante incidentes ocurridos en Texas y Maine, hechos que provocaron amplia atención pública, no se puede ver aún como una relación causa-efecto ni respuesta a la estrategia legal de Sheinbaum, pero habrá que estar atentos a lo que venga, pues la defensa de los connacionales en USA debe estar por encima de todo y de cualquier idea política.

Y es que hasta ahora, ni Donald Trump, ni la Casa Blanca, han vinculado esta medida con la estrategia jurídica anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El Departamento de Seguridad Nacional mantiene que los agentes del ICE actúan conforme a la ley y con uso mínimo de la fuerza.

Lo relevante es que ambos gobiernos empiezan a mover piezas. México llevará el tema al terreno judicial; Estados Unidos ajusta algunos de sus protocolos operativos.

La pregunta sigue abierta: ¿se trata de medidas aisladas o del inicio de una nueva etapa en la relación bilateral sobre migración y derechos humanos?