La detención del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel ya superó el primer filtro judicial. Una jueza de control declaró legal la ejecución de la orden de aprehensión, mientras la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional y promovió un amparo.

El siguiente paso será determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

A partir de este momento, el caso deja el terreno de las declaraciones políticas para entrar al de las pruebas judiciales.

Sin embargo, el hecho de que el abogado defensor y representante del exgobernador panista haya quedado a cargo de Fernando Gómez-Mont, exsecretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón, confirma que el proceso tendrá también un inevitable toque e impacto político.

Porque una acusación puede abrir un expediente; pero sólo un tribunal puede acreditar responsabilidades.

Y debe quedar claro, en un Estado de Derecho como el que ya se presume en México, que ni la trayectoria política condena por sí misma,  ni el cargo público debe blindar frente a la justicia.

(COLUMNA "FIGURAS Y FIGURONES")