La percepción de que los políticos, al arribar a Morena, quedan protegidos por un manto de impunidad es innegable. En contraposición, la oposición busca posicionar la narrativa de que todo aquel que no milita en el oficialismo es víctima de persecución y presión política.

El ejemplo más reciente ocurre en Veracruz. Este miércoles, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al Congreso local el desafuero de los presidentes municipales de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos pertenecientes a las filas de Movimiento Ciudadano.

Desde la trinchera del partido naranja y sus plumas afines (que no son pocas), la estrategia defensiva apela casi en automático a la tesis de la persecución política, minimizando los señalamientos de la Fiscalía. Sin embargo, la gravedad de las imputaciones obliga a una revisión imparcial: a Raúl González se le relaciona con la desaparición y homicidio de la periodista Roxana Guzmán; mientras que a Bertín Bravo Montero se le involucra en la probable participación en la desaparición de un empresario minero y su escolta.

Ambas acusaciones son de extrema gravedad. De proceder el desafuero, la vinculación a proceso y una eventual sentencia condenatoria, el costo político e institucional para Movimiento Ciudadano sería devastador.

Lo preocupante políticamente hablando surge cuando, en el afán de lucrar electoralmente o estigmatizar al adversario, la comentocracia suele atribuirle adjetivos morales a las siglas partidistas. Pero los partidos políticos no son en esencia ni buenos ni malos; son las personas que los integran quienes actúan con apego a la ley o incurren en el delito.

Así como tras décadas en el poder no es analíticamente correcto sentenciar que por el solo hecho de pertenecer al PRI un político es corrupto, tampoco aplica la inversa. La filiación partidista no le transfiere cualidades morales al individuo; es la conducta del individuo la que mancha o dignifica al partido.

Hoy, la solicitud de desafuero se encuentra en la cancha del Congreso del Estado. Más allá del color partidista de los acusados, la prioridad debe ser el deslinde de responsabilidades y la impartición de justicia.

Si bien los filtros implementados por partidos como Morena para la selección de candidatos son un avance necesario, estos son inherentemente limitados. La fiscalización previa evalúa el historial del aspirante, pero no garantiza su comportamiento futuro: ¿acaso el ejercicio del poder no tiene la capacidad de corromper? La historia demuestra que muchos políticos asumen el cargo con intenciones legítimas y concluyen su gestión sumergidos en la ilegalidad.

Por ello, la premisa debe ser clara: ni la militancia en el oficialismo otorga impunidad automática, ni la pertenencia a la oposición exime a un funcionario de responder ante la ley cuando existen elementos probatorios. Politizar la justicia es tan grave como judicializar la política.