Después de revisar y analizar durante la semana anterior cómo operan los llamados cárteles inmobiliarios y por qué resulta tan difícil desmantelarlos, queda una pregunta inevitable: ¿Quién vigila a quienes deben vigilar?

Porque una propiedad no cambia de dueño legalmente por arte de magia. Para que un despojo llegue a parecer legítimo, necesariamente tuvo que pasar por documentos, registros, firmas, trámites, certificaciones o resoluciones que debieron ser revisados por alguien.

Y ahí está uno de los puntos más delicados.

No basta con investigar al presunto falsificador, al gestor o a quien aparece como beneficiario. También debe revisarse dónde falló el sistema de vigilancia: qué funcionario autorizó, qué expediente no se revisó, qué documento se dio por válido, qué alerta no se atendió y qué supervisor dejó pasar lo que no debía.

Por eso los controles internos, las auditorías y las responsabilidades administrativas no son trámites burocráticos. Son las primeras barreras contra el despojo y otros delitos.

Y cuando esas barreras fallan una y otra vez, también debe investigarse a quienes tenían la obligación de evitarlo.

En Veracruz ya existen auditorías, investigaciones y procesos relacionados con este tipo de hechos. Son pasos importantes. Pero si realmente se quiere cerrar la puerta, habrá que revisar no solamente los casos que ya salieron a la luz, sino también los procedimientos que permitieron que ocurrieran.

Porque si se castiga al último eslabón, pero no se revisa la cadena, el problema puede cambiar de nombres y seguir funcionando.

Y aquí termina la serie, pero no la pregunta: ¿Quién vigila a quienes deben vigilar? Porque cuando el supervisor falla, toda la cadena queda bajo sospecha.