El Caso Ayotzinapa cada día se calienta y se politiza más, porque como por arte de magia empiezan a salir defensores del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, que mezclan su detención con la del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por ser ambos personales miembros del nuevo partido político “Somos México”. 

Por ello es preciso precisar que en el caso Ayotzinapa y la detención de Aguirre Rivero, hay una gran diferencia que conviene no perder de vista: una cosa es la acusación de la Fiscalía y otra, muy distinta, que esa acusación ya esté probada. 

La FGR sostiene que Ángel Aguirre habría tenido responsabilidad en el ocultamiento de evidencias fundamentales del caso, entre ellas grabaciones relacionadas con los hechos de Iguala. La imputación también contempla delitos como desaparición forzada y contra la administración de justicia.

Aguirre, por su parte, ha defendido su inocencia. Y aquí aparece el debate político: algunos están en contra de una justicia largamente pendiente; otros, de persecución política, pero lo prudente quizá sea que antes de tomar partido se responda algo más elemental: ¿La tardanza en la detención hace inocente al inculpado?

¿Qué pruebas tiene la FGR para sostener que el exgobernador participó en el ocultamiento de esas evidencias?

Porque si las pruebas existen y resisten el proceso judicial, no habrá discurso político que las borre o defensa mediática alguna que fructifique. Y si no existen, la pregunta será mucho más incómoda. ¿Dónde termina la justicia y dónde comienza la política?

Seguimos con el caso Ayotzinapa.