Esta mañana, los sabios bebedores del mejor aromático del mundo mundial no solo se reunieron en los tradicionales cafés de la capital Xalapa o en la conurbación Veracruz-Boca del Río. Las mesas cafeteras también se encendieron en la calurosa Cuenca del Papaloapan.

Entre lecheros bien calientes y unos suculentos bollitos de elote dulce, el tema obligado de conversación fue el amargo anuncio del posible cierre del Ingenio San Pedro, allá en Lerdo de Tejada, y la oportuna entrada al quite de la gobernadora Rocío Nahle.

Uno de los más longevos parroquianos de la mesa recordaba con nostalgia sus años mozos, cuando su natal Cosamaloapan era vigorosa y limpia como su río, cuando el verdadero motor económico de la vida misma giraba en torno al olor a melaza y azúcar. Y es que la actividad cañera no es la de cualquier empresa privada que solo busca llenar la buchaca; en la Cuenca, un ingenio es el corazón que marca el pulso, los ritmos, los tiempos y la economía de miles de familias.

Por eso, ver que el histórico San Pedro —con casi dos siglos a cuestas y que tiene una molienda de más de un millón de toneladas de caña por zafra— parece agonizar, no solo entristece, sino que enciende todas las alarmas. Bajar las cortinas de un gigante así no es cerrar una tienda de la esquina: es dejar una herida abierta en el tejido social que tardaría décadas en cicatrizar. 

En la mesa de los sabios se comentaba que es digno de aplaudir que la gobernadora Rocío Nahle entienda la gravedad de la jugada. Su reacción no fue para ayudar a que el barco no le hiciera agua a los empresarios, sino para salir al rescate de las familias que dependen de esa molienda. ¿De qué serviría actuar cuando al Ingenio San Pedro ya le estuvieran haciendo la autopsia? Ahogado el niño, ya ni para qué tapar el pozo. Por eso, en los pasillos del poder ven su intervención como un manotazo a tiempo en la mesa.

Cierto es que los ejecutivos del Grupo Porres traen su propio cuento: afirman que se necesitan cientos de millones de pesos para actualizar la seguridad y la operación, haciendo —según sus cuentas— inviable el negocio. Pero, como bien apuntó Francisco Licona en su más reciente entrega, los números “nomás no cuadran” con la realidad.

¿A quién se le ocurre cerrar un ingenio justamente cuando México acaba de amarrar condiciones de oro para exportar a los Estados Unidos? Para el ciclo 2026-2027 se proyecta enviar hasta 1.152 millones de toneladas, lo que representa una bolsa de 4,760 millones de pesos adicionales para los cañeros. Financieramente, la decisión del grupo empresarial suena más a pretexto que a necesidad.

El Grupo Porres tendrá todo el derecho mercantil de liquidar sus negocios si quiere, pero no tiene la menor calidad moral para dejar colgados de la brocha y sin margen de maniobra a miles de productores, cortadores y transportistas veracruzanos.

La solución tendrá que tejerse al más alto nivel, pues la industria azucarera es de seguridad estratégica para el país. Por lo pronto, Nahle ya se puso el overol: atendió de frente al gremio, mandó apoyos alimentarios para amortiguar la falta de pagos y ya fue a tocar las puertas de la Federación para ver si entre todos rescatan de la terapia intensiva al San Pedro.

Así las cosas, hoy los lecheros bien calientes con sus respetables bollitos de elote van para la gobernadora Rocío Nahle por fajarse los pantalones en defensa de la Cuenca; mientras que los canillazos bien dados son para la directiva del Grupo Porres, que en pleno año de bonanza azucarera tiró la piedra y escondió la mano.