Prefacio. 

Los asesores jurídicos del gobernador Cuitláhuac García se rompen la cabeza para “explicarle” a la CNDH las razones por las que no admiten la recomendación 89VG/2023 (las siglas VG significan “violaciones graves a los derechos humanos”). *** El apercibimiento del organismo defensor de los derechos humanos fue dirigido a la Secretaría de Marina (Semar), al gobierno de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado (FGE). *** Se refiere a la detención arbitraria y desaparición forzada de seis víctimas, dos de ellas menores de edad; a la violación del domicilio de una de ellas y de una víctima indirecta; así como a la falta a la verdad y la integridad personal de los familiares de las seis personas desaparecidas. *** Todos esos actos son atribuidos a servidores públicos adscritos a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado. *** Los hechos ocurrieron en diciembre del 2013, por lo que la responsabilidad fue de quienes en ese entonces encabezaban las instituciones señaladas, pero es el actual gobierno de Veracruz, lo mismo que el actual titular de la Semar, y la actual titular de la FGE, a quienes corresponde responder por esas faltas. *** Ojalá ya haya entendido el gobernador que, más que una tarea “injusta”, lo que se le presenta es una oportunidad -como las tendrá pocas- de exhibir los abusos que se cometían en administraciones anteriores a la suya. *** ¡Que alguien le explique! 

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La difusión, en días recientes, de fotografías en las que aparece la secretaria de Energía, la zacatecana Rocío Nahle, con altos directivos del Partido verde Ecologista de México (PVEM) reavivó un debate que se planteó desde hace varios meses, sobre la posibilidad de que en Veracruz los partidos aliados a Morena (PT y PVEM) decidan contender de manera independiente en el 2024. 

El argumento es sólido: participar en elecciones aliados a Morena no les garantiza la suma de los votos necesarios para, siquiera, mantener su registro. El votante suele cruzar en su boleta al partido de mayor peso, que en ese caso es Morena, por lo que a sus aliados no les representa ninguna ventaja. 

Además de eso, las elecciones del 2018 y del 2021 les dejaron una amarga experiencia, pues al convertirse en gobierno, Morena no reconoció a sus aliados, no les cedió posiciones y, por el contrario, operó para que legisladores y alcaldes que llegaron impulsados por PT y Verde, se pusieran la camiseta del partido en el poder. 

El Partido Verde, en lo particular, ha externado en diversos momentos su interés de “ir solo” en las elecciones del 2024 en Veracruz, y para ello ha fortalecido a la dirigencia estatal, que encabeza la periodista Eleaney Sesma, con las constantes visitas de Javier Herrera Borunda y de Alberto Silva Ramos. 

Veracruz es, sin duda, un bastión fundamental para el Partido Verde, y así lo entiende otro personaje que tiene gran peso en su estructura directiva: Manuel Velasco, coordinador de los senadores de ese partido, con gran cercanía al presidente López Obrador, y muy identificado con los actores políticos veracruzanos de su partido. 

Sin embargo, las fotografías de Manuel Velasco y Javier Herrera con Rocío Nahle parecen enviar una señal diferente a lo que los politólogos de Veracruz habían percibido. 

Frente a una hipotética desintegración de la alianza con Morena, los analistas en esta entidad asumían que la candidatura del partido en el poder, para suceder a Cuitláhuac García, recaería en la propia Rocío Nahle; que el Partido Verde le daría cobijo a otro de los fuertes aspirantes, el veracruzano Sergio Gutiérrez y, eventualmente, el Partido del Trabajo abanderaría al actual Delegado de los Programas Sociales, Manuel Huerta. 

Esa distribución no es arbitraria. Es evidente que Cuitláhuac García y sus operadores políticos han externado desde hace mucho tiempo sus simpatías por la zacatecana. No sólo eso: el secretario de Gobierno, Éric Cisneros, vinculado a la secretaria de Energía, ha sido quien ha operado para captar a ediles y legisladores del Partido Verde, además de que ha destruido cualquier puente de comunicación entre el gobierno estatal y los representantes del partido del tucán. 

Por el contrario, Sergio Gutiérrez Luna mantiene permanente contacto con los representantes de ese partido, y a él atribuyen la gestión para que se realizara la reunión de ediles “verdes” con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. 

La vinculación de Manuel Huerta es histórica. Formó parte de su fracción parlamentaria cuando fue diputado federal, en 2012 y su incorporación a la contienda del 2024 sería un acto de justicia para uno de los políticos veracruzanos más cercanos y leales al presidente López Obrador. 

Este es, apenas, un escenario posible hacia el 2024, salvo que el Partido Verde haya cambiado de forma radical su estrategia para Veracruz. 

Eso se sabrá muy pronto. 

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Epílogo. 

Las declaraciones del secretario de Finanzas del gobierno estatal, José Luis Lima Franco, en el sentido de que “desconoce” el monto de la deuda del gobierno estatal con proveedores y contratistas, cuando han transcurrido más de cuatro años de la actual administración, es una muestra del desdén con el que se han comportado para atender las demandas de pequeños empresarios veracruzanos. *** Lima Franco admite que la dependencia a su cargo deberá saldar los laudos que favorezcan a los proveedores que recurrieron al Tribunal de Justicia Administrativa (TEJAV), desaparecido, por cierto, en la actual administración, lo que ha entorpecido la impartición de justicia, pues el nuevo organismo (Trijaev) ha tardado meses en tomar conocimiento de los casos pendientes, y aún está por resolverse el recurso presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). *** Todos estos enredos sólo sirven para una cosa: entorpecer la acción de la justicia y “patear el bote” para retrasar lo más posible el cumplimiento de las obligaciones del gobierno estatal. 

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