Partiendo del principio que donde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no distingue, en cuanto a la impartición de la justicia, nadie queda autorizado para estar por encima de ella, por lo mismo se exige quien ocupe un encargo público está obligado de manera invariable a cumplirla, de lo contrario, sería letra muerta y si ese es el caso, cancelemos todo su contenido y que sea la ley y Constitución de la selva lo que impide.

No se tiene por qué navegar en dos aguas, —como el robalo— o la justicia es para todos, o cerramos la página y hablemos de otras cosas que, a lo mejor son mejores para llevar a un pueblo a su felicidad, porque al ritmo que vamos, a nadie se le arriendan las ganancias.

Si no existen fueros o privilegios para nadie y ni el Presidente de la República, que representa a la nación o al estado mexicano goza de impunidad, menos aquellas personas o individuos que han sido designados por el dedo presidencial —ministros de la Suprema Corte u organismos autónomos, no me cabe en la cabeza que se permita en régimen democrático y derecho— que el Capítulo Cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos se desdeñe de manera tan salvaje e imane cuando habla “de las responsabilidades de los servicios públicos, particulares vinculados con faltas administrativas  graves o hechos de corrupción, y patrimonial”, por lo que todos son responsables de “los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Cuando el Artículo 108 Constitucional que se “jura cumplir y a ser cumplir” precisa “el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, no cuenta con fuero, pues determina –Artículo 111 de la ley de leyes que se invoca por lo que toca al Presidente de la República, solo habrá lugar de acusarlo ante la Cámara de Senadores, en los términos del Artículo 110. En ese supuesto “la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable”, en síntesis, no existe el juicio político que existe para los demás servidores públicos, como se aprecia, de inmediato se le encausa y   le dictan sentencia, en concreto, no goza del privilegio del juicio político que se tiene que acusar, primero en la cámara de diputados para que sea desaforado.

EL JUICIO POLÍTICO

El juicio político estimula y protege la impunidad, la corrupción y la delincuencia organizada, ahí el ejemplo elocuente del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca que siendo desaforado y existiendo la disposición constitucional de que la resolución de las cámaras es intocable, un ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá —por cierto de quien se avergüenza el Presidente López Obrador de haberlo propuesto— cancela la orden de aprehensión que había motivado el juicio de procedencia y ahora, tanto ministro de la Corte como ex gobernador, gozan de impunidad, cuando al hombre de togado y birrete, se le hubiera llevado a juicio, pero el silencio está a la vista.

Si lo acontecido con el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá es elocuente, más lo es la actitud de los demás integrantes de esa Suprema Corte de Justicia que por ser suprema, cometen la suprema conducta de atracar los recursos patrimoniales de la nación al violar el Artículo 127 constitucional —que también es motivo de burla y escarnio—, pues desde 2009, es letra muerta y se goza de privilegios que zahieren la conciencia social al embuchacarse o agandallarse de  manera criminal con más de seiscientos mil pesos mensuales, más otros privilegios y se vuelven intocables a grado tal que retan al Estado mexicano en la más espantosa impunidad, similar a los daños que sufren millones de pobre, con lo que se demuestra que “primero  los pobres” no llega al derroche de los togados y nadie los para y luego, nos dolemos de la violencia producto de la miseria.

Con transformación parcial que ha venido observándose en el país, esperamos que pronto se vuelvan los ojos a la podrida corte y se supere ese estigma que nos llena de indignidad porque es que no es cómplice es complaciente en tanto no se ponga un hasta aquí en el presupuesto de ese poder que daña la economía nacional.

Pero si ya se vio, que incluso algunos secretaros de Estado ganan más que el presidente  de la república y se tolera de manera clara y precisa , ello conduce a que la tolerancia y la corrupción  se respire en todas partes, como una especie de lubricación al sistema   corrupción  que se empoderó en el salinato, pero ahora es delito grave, lo que no era en el pasado, por lo mismo que se visualiza que seguirá más de lo mismo, para seguir jalándole los bigotes al gato, porque nos pueden arañar y si sigue si verse consecuencia, la decepción será desastrosa.

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