Prefacio.

Aseguran que se trata de una medida desesperada por parte de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández, a quien ya le avisaron que sus días en ese organismo “autónomo” están contados. *** Fue por ello por lo que de pronto se asumió como la más celosa vigilante de la actuación de su personal, y la semana pasada procedió en contra de cinco servidores públicos, a los que les atribuye el delito de “incumplimiento de un deber legal”. *** Los detenidos ocupaban los cargos de Fiscal Especializado en Delitos de Violencia contra la Familia, “encargada” de la Fiscalía Regional en el puerto de Veracruz, así como peritos y elementos de la Policía Ministerial. *** En redes sociales ya circulan críticas para la titular de la FGE, pues aseguran que trata de “colgarse medallas” frente a quienes pudieran ser sus jefes políticos a partir de diciembre. *** Todo parte -narran en redes- de la integración de una carpeta de investigación, en la cual el fiscal Jorge Said inició una investigación por el probable delito de pederastia, “sin percatarse de que los documentos aportados por la ofendida eran falsos”. *** “¿Cómo podría haberse percatado de que la persona se ostentaba con una identidad que no era real? La Fiscalía tiene como obligación recibir e iniciar carpetas por los hechos probablemente constitutivos de delito que cualquier ciudadano exponga, actuando de buena fe, pues basta tener a la vista a una supuesta víctima para conocer un probable hecho delictivo”, se argumenta. *** El caso es que, a partir de una consigna de la propia Fiscalía, los cinco detenidos (Eloy Enrique, Jorge Said, Beatriz, Xóchitl y Jesús Julio) fueron imputados como probables responsables del delito de incumplimiento de un deber legal. El juez de control los vinculó a proceso y los mantiene en prisión, a pesar de que el delito no lo amerita. *** Este lunes se llevará a cabo la audiencia para la revisión de las medidas cautelares, pero se anticipa que el juez los mantendrá privados de la libertad, con argumentos tan absurdos como que “ponen en riesgo a la víctima” (que no hay) y que “podrían alterar documentos e influir ante testigos” por ser servidores públicos. *** El juzgador no entiende que está abusando de los derechos de cinco ciudadanos que conocen de leyes, los que no sólo conseguirán su libertad, sino que actuarán por la vía jurídica en contra de aquellos que tuerzan la ley para acatar la “línea” que les mandan.

* * *

El 16 de agosto del 2020, representantes de al menos 23 comunidades de la zona serrana que divide a Veracruz con Puebla, sostuvieron una reunión para organizarse y protegerse contra la delincuencia organizada que -dijeron- los hacían víctimas de secuestros, extorsiones, robos y homicidios.

En aquella ocasión una persona que se presentó como David Villalobos “representante nacional de las autodefensas en el estado de Veracruz”, anunció que los pueblos de la región de Acultzingo y Maltrata se organizaron para combatir a la delincuencia, ante la necesidad de seguridad para la población: “no más secuestros, extorsiones, robos, cobros de piso y violaciones”, advirtió.

Dijo que los pobladores de aquella zona estaban “hartos” por la inseguridad en aquella zona donde -afirmó- “operan bandas delincuenciales dedicadas al secuestro, robo al transporte y otros delitos”.

Días después el gobernador Cuitláhuac García negaba la existencia de “autodefensas” en aquella zona y aseguraba que detrás de esos grupos armados estaba la mano de Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas”, presunto líder de un cartel que se autonombraba Sangre Nueva Zeta.

“Autodefensas no. Son grupos delictivos (…) Hay un grupo, al mando de alias “El Bukanas”, quien perteneció a Los Zetas y trata de operar en esa región, pero no lo ha podido hacer. Entonces buscó vincularse con algunas personas”, afirmaba en aquel entonces el gobernador.

Un par de años más tarde, en abril del 2022, cuatro hombres murieron en un enfrentamiento con policías estatales, ocurrido en la carretera federal 150, en el tramo entre Tehuacán y Acultzingo.

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en el interior de una camioneta, en la comunidad El Mezquite. Además, producto del mismo enfrentamiento, una quinta personas resultó herida de gravedad.

Luego de estos hechos, una vez más Cuitláhuac García negó las versiones de que los cuatro fallecidos hubieran sido “autodefensas” y -por el contrario- los ligó con “El Bukanas”.

El pasado viernes, siete personas fueron asesinadas a balazos en Acultzingo. Todas las víctimas eran originarias de Acultzingo, incluido un menor, de 16 años.

La masacre ocurrió de las tres de la madrugada del viernes, en la avenida La Presa, entre las calles Atzompa y Sur, en la zona conocida como El Aserradero, apenas a dos cuadras del Palacio Municipal.

Este mismo fin de semana el gobierno federal envió a ese municipio veracruzano a 300 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano “para realizar acciones interinstitucionales que coadyuven en la preservación del orden y la paz pública”.

Lo cierto es que el gobierno estatal dice conocer las razones de la violencia en aquella zona (“El Bukanas”, líder de un grupo criminal) y han pasado los años sin que haya podido llevarles tranquilidad a los habitantes de Acultzingo.

Alguien parece no estar haciendo bien su tarea. Si no lo logró en cinco años, difícilmente podrá hacer algo positivo en el último año de la actual administración. Sería un buen momento para pedirle la renuncia.

* * *

Epílogo.

A propósito de violencia, no muy cerca de ahí, en Ixtaczoquitlán, los habitantes reportaron el hallazgo de restos humanos contenidos en bolsas de plástico. Esto sucedió la tarde del sábado. *** Los restos fueron localizados en la localidad Buena Vista, a un costado de la autopista Orizaba-Córdoba. Horas más tarde el cuerpo fue identificado por sus familiares, se trataba de José Luis, de 48 años, mecánico, quien desde hace tres días había sido reportado como desaparecido. *** El sábado por la noche fue trasladado el exfiscal Jorge Winckler, desde el penal de Pacho Viejo hasta el centro federal penitenciario número 12 en Guanajuato. El cambio se justificó “por motivos de seguridad”. La defensa de Jorge Winckler asegura que el traslado tiene la finalidad de que ningún juez tenga competencia y “atrasar el proceso”, porque -aseguran- se han ganado todos los amparos. *** Jorge Winckler está detenido a partir de un segundo proceso iniciado en su contra, ahora por los delitos de tortura y privación ilegal de la libertad.

filivargas@gmail.com