Prefacio.

Desesperada porque percibe que ya ni los legisladores de Morena están convencidos de que deba permanecer en el cargo, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, se lamenta ahora de la facilidad con la que las instituciones optan por no acatar las recomendaciones de ese organismo. *** Como ejemplo de las graves consecuencias que genera desatender las resoluciones de la CNDH, su actual titular mencionó el caso de Veracruz, en especial las recomendaciones emitidas acerca del abandono que sufre el río Papaloapan en materia ambiental. *** La CNDH emitió la recomendación 125/2024 dirigida a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que detuviera el vertido de aguas residuales sin tratamiento en el río Papaloapan, pues eso afecta el derecho a un ambiente sano y al acceso al saneamiento del agua para los residentes y visitantes de la región. *** Sin embargo, reconoció que algunos estados no aceptan las recomendaciones o, aunque las aceptan, no las cumplen, que es el caso de Veracruz. *** La recomendación 125/2024, de la CNDH extiende el llamado a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y al ayuntamiento de Tlacotalpan, instancias a las que recomienda realizar estudios para evaluar la calidad del agua y establecer un programa de monitoreo de la contaminación en el río. Nada de eso se ha hecho. *** Y es que todas esas autoridades siguen la pauta que les marcan instancias superiores. En Veracruz el gobernador Cuitláhuac García ha sido el más renuente a acatar las recomendaciones de los organismos estatal y federal de los derechos humanos, por lo que las instancias que, por razones jerárquicas o de filiación política, dependen del Ejecutivo estatal, siguen la misma ruta. *** La Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Educación (SEV) son sólo los ejemplos más visibles de organismos que sin pudor alguno desconocen las resoluciones de los organismos defensores de los derechos humanos. *** Lo grave es que a sus titulares no les representa ninguna consecuencia. Impunidad, se llama.

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El gobierno de Veracruz, durante la actual administración, ha desactivado la red de centros de verificación de sanidad animal que se habían instalado de manera estratégica a lo largo del territorio veracruzano.

Estos centros de inspección tienen como fin convertirse en una barrera de contención frente a la potencial existencia de plagas o enfermedades en los animales que se movilizan por el estado.

Sirven, además, para verificar que el ganado que se mueve por las carreteras de Veracruz cumpla con la documentación que acredite su legal procedencia. Esto último es lo que pretenden evitar funcionarios menores del gobierno estatal, coludidos con organizaciones criminales.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) dan cuenta de que durante los meses de enero y febrero de este año se registraron 443 casos de robos de ganado en el país, 51 de los cuales ocurrieron en el estado de Veracruz.

Las asociaciones de ganaderos advierten que el crimen organizado amenaza a los productores de bovinos, por lo que se mantiene una cifra negra elevada.

Aunque el robo en jaulas ha disminuido, siguen con otro tipo de robos como en establos o potreros.

El problema se agudiza cuando desaparecen los controles que tenía distribuidos el gobierno estatal y concentran a los inspectores, sin razón alguna, en las oficinas centrales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en Xalapa.

Sumado a los altos riesgos para la seguridad de los productores de ganado y sus familias, la inhabilitación de esos puntos de inspección genera otro riesgo aún mayor: la posibilidad de que vuelvan al país plagas que ya habían sido erradicadas.

Aunque desde hace más de tres décadas México se ha certificado como un país libre de la presencia del gusano barrenador del ganado (GBG), desde el año pasado, cuando se detectó la presencia de esa plaga en Costa Rica y más tarde cuando se confirmó que también se había detectado en Panamá y en el sur de Nicaragua, la Secretaría de Agricultura fortaleció las medidas preventivas con el objetivo de proteger a la ganadería nacional.

La primera medida que adoptó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) fue reforzar la primera barrera de defensa sanitaria, que comprende la inspección zoosanitaria en 45 aeropuertos internacionales, en 24 puertos marítimos y en 28 fronteras, así como en 19 Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF).

Sin embargo, las propias autoridades admiten que el riesgo persiste por el tráfico ilegal de personas, de mascotas y de ganado procedentes de zonas afectadas.

Para eso sirven los puntos de inspección zoosanitaria que hoy están en el abandono.

¿Quién es el responsable de ello?

Hay que voltear a la Subsecretaría de Ganadería del gobierno estatal, a cargo de Humberto Amador Zaragoza. Es el mismo funcionario que pretendió diseñar una Ley de Ganadería en el estado “a modo” que le permitiera tener el control total del movimiento de ganado en toda la entidad y, por supuesto, cobrar por esos servicios. Una acción jurídica promovida por el gobierno federal evitó que se consumara ese atraco.

Pero ya se le acabó el blindaje. Su “padrino” Cuitláhuac García ya se va y no habrá quién lo proteja.

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Epílogo.

El gobernador Cuitláhuac García pretendía cerrar sin sobresaltos su ciclo en ese cargo. La madre naturaleza, sin embargo, se ha encargado de mostrarle que cuando se tiene como responsabilidad la seguridad de más de ocho millones de ciudadanos, no hay días de descanso que valgan. *** Más de una semana después de que se iniciaran las torrenciales lluvias en el sur de la entidad, cuando ya se desbordaron los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos, finalmente el gobernador se puso sus botas para el agua y su impermeable para recorrer las zonas dañadas. *** Lo bueno es que ya se va.

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