Prefacio.

El diputado Esteban Bautista negó que Domingo Bahena Corbalá tenga alguna responsabilidad en la adquisición de las tabletas para las 50 curules del salón de Plenos y confirmó lo que en este mismo espacio se había informado la semana pasada. *** “Falso. Domingo (Bahena) no manejó recursos y Domingo fue ratificado porque es un señor con mucha experiencia, fue ratificado por un servidor. Yo en su momento voy a exhibir el contrato y Domingo nunca firmó (…) Aquí hubo un área de licitaciones y estuvo la licenciada Ariadna; ella es la que firma como primer respondiente y la empresa (...). Ese tema no se va a quedar en papeles”, dijo el legislador. *** En este mismo espacio se hizo referencia a las irregularidades detectadas en la licitación de esas tabletas y las personas que participaron en el procedimiento: “En aquella licitación firmaron como responsables Carlos Iram Arévalo Rodríguez, en su calidad de director de Recursos Materiales y Servicios Generales, con el visto bueno de Irma Ariadna Leal Morales, de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y la revisión de Mario Pérez Espinoza, jefe del Departamento de Adquisiciones. Participaron también Randy de Jesús Ramírez Rocha, subcontralor de normatividad, auditoría y control del Congreso, y César Eduardo Pérez Díaz, coordinador de Informática”. *** La denuncia pública de Esteban Bautista obligó al actual delegado del Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, a salir a responder y tratar de exhibir lo que él consideró una incongruencia: que se cuestione un contrato en el que habría participado el secretario general del Congreso, Domingo Bahena, que ya fue ratificado en su cargo. *** Lo cierto es que tanto Esteban como Juan Javier saben que, aunque ellos son los protagonistas de este show mediático, en realidad ninguno de ellos corre algún riesgo. El propio exdiputado entiende que alguno -o algunos- de los que fueron sus colaboradores en la Legislatura, tendrá que servir como chivo expiatorio. *** Lo que de verdad debe preocupar a Gómez Cazarín es que una ofensiva como la que lanzó Esteban Bautista no se hace si no se cuenta con el aval de la gobernadora Rocío Nahle, la que -a diferencia de su antecesor- sí se involucra en cada decisión y mantiene, de manera directa, un férreo control de sus colaboradores. *** En los pasillos del Palacio Legislativo se escucha que van contra Cazarín, que tienen no sólo el permiso, sino hasta la instrucción de la gobernadora. *** Ya se verá.

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Llega el primer gran reto para el nuevo dirigente estatal del Partido Verde, Édgar Herrera Lendechy: revisar los movimientos financieros que hizo su antecesor, el hoy diputado local Marcelo Ruiz, los que provocaron una muy fuerte sanción por parte del órgano electoral.

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó multar al Partido Verde con 32 millones 773 mil pesos “por no demostrar -además de mentirle al órgano electoral- la legalidad en el pago de asesorías en Veracruz por 16 millones 386 mil pesos”.

El INE acordó, además, dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por posible existencia de un caso de defraudación fiscal.

Luego de un lustro de investigaciones, el organismo electoral detectó que la dirigencia del Verde en Veracruz pagó a 10 proveedores más de 16 millones de pesos en asesorías o consultorías sobre participación ciudadana, integración de órganos de representación, acceso al poder público y valores cívicos.

Sin embargo, el partido no presentó pruebas para acreditar la prestación de esos servicios y tampoco se pudieron localizar a ocho de los proveedores, por lo que se presume se trata de “empresas fantasma”.

El INE descubrió también que el Partido Verde entregó información falsa. Por ejemplo, los currículums de algunos proveedores fueron copiados de internet de otras personas.

“Resulta incuestionable que el sujeto desplegó una conducta dolosa al omitir reportar con veracidad, a sabiendas que la misma era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no es real, tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio, lo que implica la aceptación de sus consecuencias y ello posibilita a esta autoridad electoral su sanción”, indica el fallo para el expediente INE/P-COF-UTF/151/2019/VER.

Es de llamar la atención que cuando se inició este procedimiento sancionador (2019), el dirigente estatal del Partido Verde era Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, quien fue sustituido en 2021 por la comunicadora Eleaney Sesma, la que a su vez fue retirada del cargo en 2023, para dejar como “delegado en funciones de dirigente” al propio Marcelo Ruiz.

En aquel entonces Eleaney Sesma afirmó que su destitución del cargo no estaba justificada, pues se le atribuían irregularidades detectadas en el comité estatal, pero que correspondían al período en el que el dirigente era Carlos Marcelo Ruiz.

Hoy el INE muestra cuáles eran esas irregularidades, que le costarán varios millones de pesos y le corresponde al actual dirigente, Édgar Herrera Lendechy, tomar las medidas jurídicas a su alcance para que paguen los responsables.

¿Será?

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Epílogo.

Y la Secretaría de Salud cumplió: el pasado viernes formalizó la entrega de 120 dosis del medicamento L-Asparaginasa, necesario para el tratamiento de quimioterapia, contra el cáncer en menores de edad. *** El secretario de Salud, Valentín Herrera Alarcón, había informado a las madres de niños con cáncer que se generó un problema de “logística” para la llegada oportuna de este medicamento, pero se tomaron las medidas necesarias para que su llegada se diera en el menor plazo posible. *** “Sensibilidad”, le llaman.

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