De los tres magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el más desconcertante por su variante criterio es José Antonio Troncoso, quien, como “La Chimoltrufia” –el chusco personaje del “Chavo del Ocho”–, así como dice una cosa luego suele cambiar de parecer.  

Y es que resulta que el jueves de la semana pasada, la presidenta de dicha sala, Roselia Bustillo Marín, había propuesto validar y regresarle el triunfo a Movimiento Ciudadano en Jáltipan, pero Troncoso y la magistrada Eva Barrientos desecharon su proyecto, por lo que la misma Sala Regional del TEPJF deberá emitir una nueva resolución que ratifique la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) de anular los comicios en ese municipio del sur de Veracruz.

Así, pues, por dos votos contra uno, la anulación de la elección municipal de Jáltipan que había ganado en las urnas el partido naranja, se mantiene firme tras la revisión de un Juicio de Revisión Constitucional presentado en la Sala Regional Xalapa del TEPJF, cuya discusión se centró en la incidencia en los comicios de la presunta violencia política de género –una de ellas generada con Inteligencia Artificial– en contra de la candidata de la coalición PVEM-Morena, Mildred Marlene May, la cual fue ejercida en un grupo privado de Facebook y en páginas privadas de la misma red social.

Y es que la Ley Electoral de Veracruz establece, entre otras causales para anular una elección, la violencia política de género y que el resultado entre el primer y segundo lugar sea menor al 5 por ciento, que en este caso fue de 648 votos, un 3.88 por ciento.

La magistrada presidenta Roselia Bustillo, cuyo proyecto de resolución fue rechazado, sugirió que debía analizarse más a fondo si esa violencia política de género realmente influyó en los resultados finales, pues puntualizó que el video creado por Inteligencia Artificial en el que aparecía la candidata de Morena, se difundió únicamente en un grupo privado de Facebook con sólo 84 reacciones.

Aunque reconoció que sí hubo violencia política de género en este caso, y que como muchos otros que han revisado en dicha sala y cuyas acciones buscan denigrar y, sobre todo, bloquear los derechos político-electorales de las mujeres, Bustillo insistió en que, sin embargo, la nulidad de la elección de Jáltipan, bajo la premisa de violencia política de género, debería atender una serie de principios y reglas que determinaran si esas posibles violaciones fueron determinantes en el resultado del proceso electoral.

No obstante su observación, los magistrados Barrientos y Troncoso, sin mayor profundidad en sus análisis, consideraron que si las dos causales habían sido establecidas por los legisladores veracruzanos como un asunto grave, entonces opinaron que era suficiente para determinar la nulidad de la elección.

Así, pues, de tal forma se desechó dicha propuesta de resolución que proponía revocar la anulación y ratificar el triunfo de Movimiento Ciudadano; ahora le corresponderá a la magistrada Eva Barrientos emitir una nueva resolución donde se ratifique la decisión del tribunal local de anular la elección.

Pero Barrientos, a diferencia del magistrado Troncoso, sí ha sido congruente en su postura y criterio, como lo demostró en el caso de la elección de Chocamán, municipio ubicado en la zona centro del estado, en cuya ponencia presentada hace dos meses atrás proponía también anular los comicios por violencia política de género, con base en una publicación de la red social Facebook en un grupo abierto con 21 mil 571 miembros.

Sin embargo, el 8 de octubre pasado, al ser resueltos los juicios de revisión constitucional electoral y el juicio de la ciudadanía, promovidos en contra de la sentencia del 16 de septiembre anterior, emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz dentro de los expedientes TEV-RIN-16/2025 y sus acumulados, don Pepe Toño Troncoso cambió de criterio y votó a favor, junto con la magistrada presidenta Bustillo, de confirmar los resultados de la elección de los integrantes del ayuntamiento de Chocamán que presidirá a partir de enero próximo el PAN, así como la declaración de validez y la entrega de las constancias de mayoría respectivas.

OTRA VIOLENCIA

CONTRA MUJERES

Por cierto, ayer la comunicadora Quetzalli Hernández hizo una denuncia bastante grave sobre otro tipo de violencia contra las mujeres que estaría ocurriendo en el Congreso del Estado.

Señala que “en el Congreso de Veracruz ocurre algo repudiable: el reclutamiento de mujeres jóvenes y físicamente atractivas, con la promesa de ingresarlas a la nómina pero que realmente son utilizadas para participar en fiestas privadas para convivir con políticos y empresarios”.

Señaló que “un ‘empleado’ de dicha institución es señalado por varias mujeres quienes ya se asesoran legalmente dado que al ‘trabajador’ le entregaron documentos personales –con el pretexto de trámites administrativos– que a decir de las jóvenes podrían estar siendo utilizados para cobrar salarios en nóminas gubernamentales exponiéndolas a posibles problemas legales”.

Según relató, “una de las afectadas, al exigir explicaciones, recibió una respuesta violenta y misógina; el ‘empleado’ al que se le escucha sumamente molesto y alterado, le reclamó no haber accedido a ‘verse’ con él al menos una hora, y luego la descalificó afirmando que tiene acceso a mujeres ‘más guapas’, incluso modelos. Para rematar, presumió sus relaciones con personajes ‘importantes’, mencionando apellidos de familias de peso en Veracruz y en el país, como si el poder fuera patente de impunidad”.

Dice que “no pasa desapercibido que en las redes sociales del señalado abunden fotografías con políticos y empresarios, imágenes que alimentan la sospecha de que no se trata de simples bravuconadas, sino de una red de influencias que podría estar siendo utilizada para reclutar, exhibir y eventualmente intercambiar favores”.

También advierte que “el actuar de este ‘empleado’ representa un peligro para las jóvenes que son contactadas y que buscan obtener un trabajo seguro pero que terminan decepcionadas y con miedo, al percatarse de que no fueron invitadas por su perfil profesional o por sus conocimientos sino por su atractivo físico”.

“Las preguntas son inevitables: ¿para qué se está usando el nombre del Congreso?, ¿qué delitos podrían configurarse al reclutar mujeres desde una institución pública?, ¿Saben en el Congreso lo que está ocurriendo?, ¿Quién protege a este empleado?”, cuestiona.

Consultó a abogados que le aseguraron que “estamos frente a una cadena de delitos” tales como “abuso de funciones, tráfico de influencias, uso indebido de datos personales, posible desvío de recursos públicos y posiblemente hasta trata en su modalidad de captación con fines aún no esclarecidos”.

Y recuerda, “como dato importante”, que hace 14 años, en el 2011, “13 jóvenes mujeres desaparecieron en el estado de Veracruz, tras haber participado en una fiesta donde, según relatan sus familiares, estuvieron presentes políticos de la elite estatal y nacional y, hasta hoy, nada se sabe de ellas”.

Esperamos que el diputado Esteban Bautista, como presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVII Legislatura local, tome cartas en el asunto y emprenda pronto una investigación seria y a fondo. No sólo porque el señalamiento es bastante delicado, sino porque además en Veracruz y en México, con la gobernadora Rocío Nahle y la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha reiterado que “es tiempo de mujeres”.