Todavía no se sabe si los delincuentes comunes se incorporan a la oposición para alcanzar la impunidad como funcionarios públicos o legisladores, o ya dentro del presupuesto ven la facilidad de robar y aprovechar sus influencias para actuar contra la ley desde cargos públicos.

Desde luego que en todos los partidos hay corrupción, en mayor o menor grado, pero el hecho de que estas personas, que no son pocas, se encuentren ahora en la oposición, cobijados, por muchos años, por autoridades judiciales y fiscalías a modo, mantienen una misma coartada.

A todos ellos les caracteriza una postura que empiezan a desgastar hasta convertirla en una falsedad: la persecución política, que no existe, pero con su evocación ganan tiempo y simpatías, al mismo tiempo que intentan criticar al gobierno, llamándolo autoritario, porque los acusa de delitos del fuero común.

Este es el caso de María Amparo Casar, quien fuera coordinadora de asesores en la Secretaría de Gobernación, cuando el titular era nada menos que el panista Santiago Creel Miranda, y dirigiera la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, propiedad de Claudio X. González.

Casar es señalada responsable de uso ilícito de atribuciones y facultades por recibir la pensión vitalicia que Pemex le otorgó por la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla. Por lo que podría pasar 12 años en la cárcel. Fue citada para el próximo 16 de diciembre en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente para comparecer en una audiencia inicial ante la jueza Diana Selene Medina Hernández. 

Los señalamientos desde la asociación contra supuestos hechos de corrupción del sexenio pasado y el presente, desarticulados y desmentidos posteriormente, le sirvió de pretexto para argumentar que la acusación es parte de la persecución política que realiza el régimen autoritario de la cuarta transformación, y que se actúa por venganza.

La FGR aclaró que la investigación contra María Amparo Casar inició cuando Gertz Manero aún era titular. Aclaró que la investigación contra María Amparo Casar se inició desde septiembre, cuando la dependencia aún estaba a cargo de Gertz Manero.

La FGR señaló que Ernestina Godoy no ordenó la investigación contra María Amparo Casar y negó que exista algún sesgo que pueda afectar los resultados de las indagatorias.

El 13 de mayo de 2024, la FGR dio a conocer que la carpeta de investigación fue iniciada desde el 5 de abril del mismo año luego de que Pemex denunció a María Amparo Casar y sus hijos por considerar que la pensión post-mortem que consiguieron fue ilícita, debido a que el exfuncionario no murió por accidente, sino que se suicidó. A pesar de lo anterior, la familia cobró más de 17 millones de pesos por el seguro de vida y gastos funerarios que tenía el exfuncionario, así como una pensión de casi 130 mil pesos mensuales para María Amparo Casar y 15 mil 434 mensuales para cada uno de sus hijos hasta que cumplieran 25 años y culminaran sus estudios en el ITAM.

Estas acusaciones fueron dadas a conocer en mayo de 2024 por el entonces director de Pemex, Octavio Romero, quien indicó que con diferentes acciones legales contra la familia Márquez Padilla Casar, la petrolera buscará recuperar más de 31 millones de pesos que fueron pagados indebidamente.

Fuentes federales confirmaron a Proceso que actualmente María Amparo Casar enfrenta tres litigios en materia civil, administrativa y ahora este en materia penal. 

Luego de que Pemex denunció a María Amparo Casar y su familia, ordenó suspender el pago de su pensión, por lo que la presidenta de MCCI tramitó un amparo ante el juzgado Sexto de Distrito en materia del Trabajo en la Ciudad de México. 

De acuerdo con los registros del expediente 1325/2025, el 25 de febrero de 2025, el juez sobreseyó el amparo, es decir, cerró el caso sin pronunciarse si estuvo bien o no que Pemex suspendiera el pago, porque afirmó que la petrolera le indicó que a partir de que se le concedió la suspensión de plano, le continuó pagando.

La FGR confirmó que la carpeta de investigación abierta contra María Amparo Casar, fue presentada ante un juez desde septiembre, derivada de una denuncia de Pemex en 2024 por presuntas irregularidades en el otorgamiento de una pensión que recibió luego de la muerte de su esposo.

La aclaración de la FGR se dio luego de que trascendiera en medios información sobre la investigación y surgieran señalamientos de una posible motivación política, en el contexto del relevo en la titularidad de la institución, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero en noviembre y la posterior designación de Ernestina Godoy por el Senado.

La investigación contra Casar se hizo pública en mayo de 2024, cuando la FGR informó que abrió una carpeta en su contra, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de una pensión derivada del fallecimiento de su esposo, quien se desempeñaba como coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex.

Como sucedía en varios casos la corrupción practicada tanto en el Poder Judicial que encabezaba Norma Piña, y la fiscalía que comandaba Alejandro Gertz Manero, arrojaba una serie de impunidades que parecían normales dentro de la vida legal del país.

Ahora, no sólo se investiga a Casar, sino a sus dos hijos, quienes tuvieron un papel importante en la exigencia de la pensión, debido a que querían obsesivamente estudiar en el ITAM y hasta a los funcionarios de Pemex, Miguel Ángel Feijóo y Teresa Maldonado Ordóñez, que le otorgaron la pensión de manera ilegal.

La acusación, sin pruebas de la persecución política cumplió 7 años. Los delitos de cuello blanco surgen como hongos y la tarea de la nueva fiscal y los nuevos ministros de la Suprema Corte, no sólo tienen más trabajo sino más elementos que fortalecen las razones para justificar estos cambios que era urgente que sucediera en favor de la justicia y la legalidad.

PEGA Y CORRE. - Como parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de más de 3 mil hectáreas al pueblo Ódami, que durante décadas fue despojado de su territorio. Se trata de un acto de justicia territorial y de reconocimiento histórico a los pueblos originarios, enmarcado en el segundo piso de la Cuarta Transformación…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.