Con el sorpresivo aumento de las tarifas del transporte de servicio urbano en Xalapa, la gobernadora Rocío Nahle ha vuelto a generar suspicacias y opiniones en contra.

Y es que, para empezar, se da en plena “cuesta” de enero, cuando la mayoría de los usuarios –que son las familias con menos ingresos– tienen que pagar las deudas de los gastos por las fiestas de fin de año, del pasado Día de Reyes y cubrir el pago del impuesto predial, el anual o mensual por el consumo de agua, así como todo lo que implica el regreso a clases de sus hijos que cursan educación básica, media superior y/o universitaria.  

Además, el incremento superó por mucho la tasa inflacionaria, pues fue del 30 por ciento, al subir de 9 a 12 pesos.

Lo incongruente es que hace seis meses, el 8 de julio de 2025, el presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Camioneros del Servicio Urbano de Xalapa, Oscar Luis Ceballos Ramírez, expresó que “coincidimos con la gobernadora Rocío Nahle, primero la economía de las familias veracruzanas, y pensando en ellas hemos redoblado esfuerzos para mantener las tarifas”.

En esa ocasión, el líder transportista subrayó que “la cooperativa aun viene sorteando los inconvenientes que nos dejó la pandemia, nos hemos organizado aún más y trabajamos en estrecha coordinación, entendemos la situación económica de las familias veracruzanas, de allí que mantendremos las tarifas y ya estamos en pláticas con las armadoras de autobuses con la intención de renovar el parque vehicular, siempre con la firme óptica de prestar un buen servicio”.

Ceballos citó como ejemplo el “sólido apoyo” que brindan a los usuarios de la ruta San Andrés Tlalnelhuayocan-Ojo de Agua, que comprende tres municipios. “Las trabajadoras domésticas, los obreros y los trabajadores de la construcción por nueve pesos se trasladan de su lugar de origen a sus centros de trabajo, un servicio que se brinda con eficacia y seguridad”, destacó.

También precisó que “en la cooperativa trabajamos con organización, equilibrio y armonía, con justicia, con transparencia y eficacia. Nuestra prioridad es el usuario, en estos momentos cuidamos de su economía y de su seguridad”.

Y enfatizó que los socios están convencidos de la importancia de la igualdad de oportunidades “por eso trabajamos, convencidos de la importancia del público usuario”. 

Pero, lo que ha despertado suspicacias es que, tras una primera reunión con la gobernadora, el pasado 23 de enero, el líder y otros miembros directivos de la sociedad cooperativa, aceptaron implementar en un plazo aproximado de dos meses el programa piloto “Olmeca” propuesto por Nahle, mediante el cual se iniciará la renovación de las unidades de transporte público en la capital del estado.

El super negocio es para la empresa china Yutong, que ya ha colocado casi medio millar de autobuses híbridos tipo “Ulúa” y “Olmeca” (de energía eléctrica y combustible) para renovar el autotransporte en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y el puerto de Coatzacoalcos. 

Según Ceballos Ramírez, en el caso de Xalapa los camiones de pasajeros deberán operar exclusivamente con diésel, por la orografía de la ciudad y sus pronunciadas pendientes, ya que las unidades híbridas no cuentan con la potencia suficiente para subir algunas vialidades. Pero comentó que, como parte del proyecto, la empresa Yutong también ofrece unidades que funcionan únicamente con diésel, cuyo costo es menor en comparación con los camiones de la marca Ulúa, los cuales pueden alcanzar precios de hasta 4.5 millones de pesos. El concesionario señaló que la unidad piloto utilizada recientemente, un Mercedes Benz modelo 2024, tuvo un costo aproximado de 3 millones 800 mil pesos; sin embargo, aclaró que aún no se tiene certeza del precio de las unidades de origen chino.

Precisamente durante esa primera reunión con la gobernadora, también se planteó la necesidad de actualizar el costo del pasaje. Señaló que, considerando la inflación y el incremento al salario mínimo, la tarifa debería ubicarse entre 14.50 y 14.80 pesos; no obstante, reconoció que dicho ajuste tendría un impacto directo en la economía de los usuarios. Ahora se sabe que convinieron con Nahle subirla a 12 pesos. Pero insistió en que para lograr la modernización del parque vehicular es indispensable mejorar los ingresos de los permisionarios, a fin de que el financiamiento sea viable y se cuente con los recursos necesarios para el mantenimiento adecuado de las unidades.

Y anunció que en un par de meses tendrían las primeras pruebas de las unidades totalmente diésel, con las especificaciones que trae la línea Ulúa de facturación china. Pero antes, tentativamente el próximo 28 de este mes, habrá una segunda mesa de trabajo en la que se les explicará cómo será el esquema de financiamiento, a la que serán invitados los otros 20 permisionarios que prestan el servicio de transporte público en Xalapa y la zona conurbada.

Para fortuna del gobierno de Nahle, los xalapeños no están muy politizados como los ciudadanos tapatíos, quienes anteayer entregaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco 5 mil 900 firmas, 175 por ciento más de lo requerido, para impulsar un plebiscito contra el condicionamiento a los usuarios del transporte público a usar la tarjeta bancarizada La Única, y pagar 11 y no 14 pesos a partir de abril por el servicio.

Y es que la solicitud es contra el condicionamiento al uso de la tarjeta Visa color naranja, que promueve el gobierno estatal que encabeza Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano (MC), para recibir el “subsidio” de 3 pesos al costo del pasaje del usuario en general y 9 pesos a estudiantes.

Según publicó ayer el diario La Jornada, en la exposición de motivos se explica que esta medida es discriminatoria, pues “impide tener beneficios para quienes usen otros medios de pago y no entreguen datos personales a Broxel”, la financiera que por 5.45 pesos al mes que pagará el gobierno estatal por tarjeta activa, entregará el plástico a los usuarios que decidan tramitarla urgidos para no costear el tarifazo de 14 pesos.

En un comunicado posterior a la entrega de las firmas recabadas a través de la plataforma electrónica Fírmale del IEPC, dicho organismo especificó que “no puede solicitarse plebiscito contra el nombramiento de funcionarias o funcionarios públicos, ni contra la determinación de algún precio, tarifa o contribución”.

El IEPC hizo la misma aclaración el pasado viernes, cuando recibió la solicitud respaldada por al menos 20 mil 500 firmas para un referendo contra el llamado tarifazo. En esa ocasión, como ahora, informó que el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza –órgano presidido por el empresario panista Ramón Marcelo Cortés Martínez, cuya secretaria ejecutiva es la funcionaria estatal emecista Claudia Patricia Arteaga Arróniz– es la única autoridad facultada para determinar si el ejercicio estatal es procedente.

Anoche, paradójicamente, Luis Carbonell de la Hoz, dirigente estatal de MC en Veracruz, difundió un video en el que, como xalapeño, expresó su indignación por la “manera sorpresiva y absurda” en que el gobierno estatal aumentó la tarifa del transporte urbano de 9 a 12 pesos, pese a las condiciones deplorables en que se encuentran los autobuses, que prácticamente son chatarra, sucios, con vidrios rotos, descuidados e inseguros.

Dijo que Xalapa lo que necesita es un plan integral de movilidad, que mejore el transporte público y sobre todo el tráfico vehicular.

El líder veracruzano del partido naranja informó que se comunicó con su coordinador nacional Jorge Álvarez Máynez, quien le ofreció el apoyo de su equipo jurídico para presentar en breve un amparo que mantenga una tarifa justa y que busque las condiciones adecuadas para el transporte.