Prefacio.

Apenas la semana pasada estuvo en tierras veracruzanas la presidente Claudia Sheinbaum, quien llegó acompañada de su gabinete de seguridad. *** En su conferencia de prensa dedicaron buena parte del tiempo a hablar de los “importantes logros” alcanzados en el combate a la delincuencia, “producto de la labor coordinada del estado y la federación”. *** Nada de eso, sin embargo, se percibe en el día a día de los veracruzanos. El ejemplo más lamentable es el municipio de Acayucan, donde se registró otra masacre. *** La tarde de este miércoles, en un negocio de piezas automotrices usadas (“chatarrera”), cuatro hombres fueron asesinados a balazos. *** El ataque se registró en un predio ubicado en la calle Prolongación Javier Mina, casi esquina con Ruiz Cortines, colonia Miguel Alemán. Los reportes indican que varios sujetos llegaron hasta el establecimiento y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra quienes se encontraban en el interior. *** Los vecinos dicen haber escuchado los disparos, por lo que avisaron a la policía. A su llegada, las autoridades confirmaron la presencia de cuatro cuerpos sin vida. *** Trascendió que dos de las víctimas respondían a los nombres de José Luis Román, de 29 años, y Benito Ortiz Crisanto, conocido como “El Mudito”. *** En un par de semanas volverá Claudia Sheinbaum. ¿Insistirán en que “todo marcha bien” en Veracruz?

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El problema de los gobernantes de Morena es que hasta los temas más simples, los asuntos cotidianos, se les complican. A veces por falta de experiencia, o porque no cubren el perfil que se requiere para el cargo o -también- por esa soberbia que les impide reconocer que necesitan ayuda o asesoría.

El ajuste a las tarifas del transporte público es el mejor ejemplo de ello. Valga decir que por considerarlo “un tema sensible para la sociedad”, muchos gobernantes pasaron y, a pesar de reconocer que hacía falta elevar las tarifas, no se atrevieron a hacerlo.

No se trata, sin embargo, de un tema de simples números. La propia ley en la materia advierte que las tarifas estarán basadas en estudios socioeconómicos. Debe ser una cantidad suficiente para que el empresario trasportista esté en posibilidades de darle mantenimiento continuo a sus unidades, pero que, además, no represente una afectación severa a la economía de los ciudadanos.

No es una fórmula sencilla, pero hay especialistas que pueden desglosar esos temas y aproximarse a una propuesta más justa para todos. Una vez resuelta esa ecuación, la autoridad debe aplicarla en cada núcleo urbano de la entidad (el problema no es sólo en Xalapa) y, al final, informar con suficiente anticipación a transportistas y pasajeros sobre tal ajuste tarifario.

Cada aumento, además, debe ir aparejado con una detallada revisión de las unidades que prestan el servicio. Está en la ley -aunque no se cumple- que año con año los transportistas deben someter sus vehículos a exhaustivas revisiones sobre sus condiciones mecánicas y de comodidad para los pasajeros.

Es natural que hoy los usuarios reclamen por el aumento, porque pagarán mucho más (33 por ciento) para recibir el mismo servicio deficiente. De nada sirve que las autoridades y los propios empresarios del transporte prometan que “se van a mejorar las condiciones de las unidades”, si no se imponen plazos, si no se definen sanciones en caso de incumplimiento.

Desde la óptica del usuario, no son más que promesas para calmar a quienes protestan.

Esta semana el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Carbonell de la Hoz, anunció que gestionará un amparo para frenar el aumento a la tarifa del transporte público en Xalapa, el que calificó de “injustificado y sorpresivo”.

Dijo que es una decisión que afecta directamente a la ciudadanía, sin tomar en cuenta las condiciones reales del servicio que se presta.

“Como xalapeño, estoy profundamente indignado. Una vez más, el Gobierno del Estado nos da la espalda a los xalapeños. De manera sorpresiva y absurda, nos aumentaron la tarifa”, señaló.

Y no fue el único.

El senador Manuel Huerta (de Morena) sugirió abrir un debate sobre movilidad y justicia social en Veracruz, pues consideró que el ajuste a la tarifa del transporte urbano en Xalapa debe discutirse “más allá de posturas partidistas y con la participación de la ciudadanía”.

Admitió que el amparo es una vía por la que pueden transitar quienes se sientan afectados.

“El amparo siempre será un derecho legítimo de los ciudadanos frente a una medida administrativa mal instrumentada que pueda vulnerar derechos. En este caso, hablamos del derecho al bienestar, al transporte y a la movilidad”, expresó.

Desde su óptica, el incremento de 3 pesos al pasaje en Xalapa es “desproporcionado”.

¿Cómo se definió el porcentaje de aumento? ¿Qué sucederá en otros núcleos urbanos de la entidad? ¿Se hicieron, de verdad, estudios técnicos? ¿Quién los tiene? ¿Por qué no los hacen públicos?

¡Tan fácil -y conveniente- que sería trasparentar el procedimiento!

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Epílogo.

La elección municipal extraordinaria de Tamiahua promete ser un interesante laboratorio para las fuerzas políticas aliadas en eso que llaman “la cuarta transformación”. *** En la elección del año pasado esos tres partidos (Morena, Verde y PT) compitieron separados y se impuso -aunque con trampa- la candidata del Partido Verde. Para la elección extraordinaria anunciaron que analizarían la posibilidad de ir en alianza, pero sus dirigentes no lograron ponerse de acuerdo. *** Por lo pronto, el Partido del Trabajo ya anunció que llevará su propia propuesta, lo que augura que terminarán, una vez más, divididos.

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