Por obra y gracia de que los morenos quieren ganar con sobornos y/o dádivas lo que perdieron en las urnas, muchos presidentes municipales oriundos de la oposición se han quejado de que son objeto de presiones o víctimas de intentos de seducción política, de parte ya sea de funcionarios estatales o federales o de directivos del partido oficial, con el fin de que abandonen la filiación que los llevó a ganar las elecciones del 1º de junio de 2025.

Algunos alcaldes han caído por miedo o conveniencia y han estado anunciando que dejan las filas del partido que los abanderó y se pasan a darle un poco de cuerpo al ralito conjunto de las comunas que en Veracruz quedaron bajo el manto de Morena.

Las autoridades de la Cuarta Transformación, que no pudieron vencer en las urnas, han insistido en la estrategia de convencer para que les compartan la miel de su victoria, a quienes fueron los vencedores reales, amparados en siglas diferentes a las del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Cometen con eso varios errores e inmoralidades, cuando no ilegalidades.

Son ilegales porque quieren adjudicarse de manera artificial la voluntad soberana del pueblo veracruzano, que fue a las casillas a manifestarse a favor de la persona y el color de quienes consideraba debían ser la autoridad cercana en cada uno de los municipios del estado.

Son inmorales porque tuercen los deseos más próximos de los electores, que decidieron por la mayoría democrática qué abanderado y de qué partido debía ser quien encabezara el ayuntamiento del 1º de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029.

Y cometen un gran error porque se alejan del pueblo al obligar a representantes genuinos de la mayoría popular a que se transformen en meras comparsas del poder autoritario; a que, campeones invictos, terminen por ser simples títeres.

Ahora que tanto se insiste en la necesidad de una reforma electoral, un tema que debería ser crucial es la urgencia de que se respete integralmente la voluntad mayoritaria manifestada en las casillas. Una simple indicación sería prohibir que los triunfadores puedan cambiar de partido; sería desechar para siempre a los chapulines, que una vez ganada la elección venden su voto o su autoridad al mejor postor.

La voluntad reside en el pueblo, en los electores, no en el receptor de los sufragios ni en los líderes de los partidos. El ciudadano da su voto de manera integral, por el postulante, de la misma manera en que lo hace por el instituto político que lo postula.

Los órganos electorales exigen que cada partido y cada candidato exponga su proyecto de gobierno, su línea ideológica y su plan de trabajo con el fin de que sean las razones que convenzan a los electores. Sin embargo, una vez dirimida la votación, se les da una patente de corso a los vencedores para que puedan hacer a un lado las razones que ofrecieron para ser elegidos.

Los ganadores que se cambian de partido traicionan su palabra y defraudan a los ciudadanos que eligieron votar por ellos y por su propuesta.

Y no hay de otra.

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